El Juzgado de Instancia número 1 de Valverde ha decretado el internamiento cautelar y la activación del proceso de expulsión de 85 ciudadanos de nacionalidad senegalesa. Los migrantes habían desembarcado el pasado martes por la tarde en el puerto de La Restinga a bordo de un cayuco procedente de las costas de Gambia tras afrontar nueve días de navegación. La orden judicial dictada por el magistrado Antonio Mazuecos faculta a la Policía Nacional a privar de libertad a estas personas en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) por un periodo máximo de 60 días mientras el Ministerio del Interior gestiona los salvoconductos con el Gobierno de Dakar.
Hasta que las brigadas de extranjería de la Policía coordinen las plazas y los traslados hacia los centros no penitenciarios de la península, el contingente de 85 personas permanecerá custodiado en régimen de privación de libertad administrativa en el Centro de Atención Temporal a Extranjeros (CATE) de San Andrés, en la meseta de El Hierro. El magistrado Mazuecos procedió a la firma de las resoluciones de manera individualizada tras tomar declaración formal a cada uno de los ocupantes del cayuco en las dependencias policiales.
Este macroexpediente de devolución constituye la primera gran medida de control fronterizo que se ejecuta en España bajo el amparo normativo del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, cuya aplicación formal arrancó el pasado 12 de junio. El renovado marco jurídico de la Unión Europea endurece el cribado de los ciudadanos que acceden de forma irregular a las fronteras exteriores comunitarias, acelera la conexión de los procedimientos de retorno forzoso y sitúa la política de devoluciones rápidas como el eje prioritario de la estrategia migratoria de Bruselas.
A pesar de la contundencia de la resolución judicial, la ejecución material de las expulsiones hacia el continente africano se enfrenta a severos obstáculos de carácter diplomático. Si bien Madrid y Dakar mantienen activos convenios bilaterales de readmisión de migrantes, los informes emitidos por la Comisión Europea advierten que la cooperación real de las autoridades senegalesas continúa siendo altamente deficiente. De hecho, los datos consolidados por Bruselas constatan que la tasa de ejecución de las órdenes de devolución dictadas por los países de la Unión Europea contra ciudadanos de Senegal apenas alcanzó el 3.2% y el 8% en los periodos recientes debido a las trabas burocráticas para expedir los documentos de viaje.
(Con información de El Mundo y El Tiempo)
