Una jueza federal de distrito ordenó la suspensión inmediata de la fusión corporativa por un plazo mínimo de catorce días. La medida cautelar responde al requerimiento judicial presentado formalmente por las fiscalías generales de doce estados norteamericanos. Las autoridades buscan evaluar con absoluta minuciosidad el impacto comercial que este acuerdo generará en la industria del entretenimiento.
La coalición de estados demandantes, encabezada por California, argumenta que la millonaria transacción extinguirá la competencia real en el mercado. El frente legal sostiene que los consumidores sufrirán una drástica reducción de ofertas en salas de cine y servicios de cable. La acción jurídica se basa en la centenaria Ley Clayton destinada a impedir la proliferación de monopolios privados.
El dictamen del tribunal coincide con la presión financiera interna que afecta directamente a los directivos de Paramount. La compañía asumió un compromiso de pago compensatorio de siete millones de dólares diarios con sus accionistas minoritarios. El desembolso comenzará a ejecutarse de forma automática si el proceso de fusión corporativa no culmina antes del treinta de septiembre.
Los representantes de las firmas proponían cerrar la operación durante la última semana de agosto tras la audiencia preliminar. Sin embargo, los fiscales estatales rechazaron el calendario propuesto por considerarlo injusto e inédito para la recolección de pruebas de las partes. El tribunal fijó para el tres de agosto el inicio formal de las audiencias sobre la cautelar.
La unión mercantil de Paramount y Warner reuniría bajo una sola corporación a dos de los cinco grandes estudios tradicionales de Hollywood. La megafusión abarcaría marcas de gran relevancia internacional como HBO Max, las cadenas CBS, CNN y servicios digitales de streaming. Si se anexa la deuda acumulada actual, el valor total de la transacción se estima en ciento once mil millones de dólares.
La dirección ejecutiva de Paramount calificó los argumentos legales de las fiscalías norteamericanas como erróneos y carentes de un sustento real. La firma, adquirida por Skydance el año pasado, afirmó que la fusión robustecerá la competitividad frente a otros rivales de mayor envergadura. Las empresas defendieron el aval regulatorio obtenido el mes pasado por parte de la administración del presidente Donald Trump.
La demanda colectiva cuenta con el respaldo explícito de estados como Nueva York, Washington, Nueva Jersey, Arizona, Colorado y el Sindicato de Guionistas. El fiscal de California, Rob Bonta, celebró públicamente la resolución al considerarla una primera victoria clave para frenar el negocio. El monitoreo judicial sobre la evolución del caso antimonopolio continuará concentrando la atención de los analistas financieros internacionales.
(Con información de Infobae)
