La estatal Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) firmó un acuerdo con la compañía turca Karpowership para incorporar 200 megavatios de potencia al estado Zulia, una de las zonas más castigadas por las fallas del servicio. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, confirmó la contratación de dos barcazas de generación flotante, aunque evitó precisar los costos, plazos de instalación o la fecha exacta de inicio de operaciones.
El anuncio se produce en medio de una ola de indignación popular por los constantes colapsos energéticos que afectan al país desde hace más de una década. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, solo en septiembre se registraron 1.101 protestas, de las cuales más de 500 estuvieron directamente vinculadas a los cortes de luz y fallas en los servicios básicos.
Cuestionamientos a la gestión y la tesis del sabotaje
Mientras la oposición y especialistas del sector atribuyen la parálisis del sistema a la corrupción administrativa y a la falta de mantenimiento en la infraestructura, el Ejecutivo chavista insiste en responsabilizar a las sanciones internacionales, factores climáticos y supuestos sabotajes. La dirigencia oficialista cuestionó las manifestaciones callejeras, asegurando que la solución al desabastecimiento llegará en el corto plazo.
La crisis del sistema eléctrico nacional continúa golpeando severamente la actividad económica y la calidad de vida de los ciudadanos. El deterioro acumulado de las plantas térmicas e hidroeléctricas mantiene a extensas regiones del país bajo esquemas de racionamiento no oficiales que paralizan el comercio y la vida cotidiana.
Aplazamiento de la reforma legal para capital privado
En paralelo al anuncio de las barcazas, la Asamblea Nacional de mayoría chavista pospuso por segunda vez el debate final sobre la reforma de la ley del servicio eléctrico. La propuesta legislativa busca regular la generación, distribución y comercialización de energía, abriendo espacio a la inversión privada para intentar rescatar la infraestructura tras años de monopolio estatal.
El aplazamiento fue solicitado por el diputado Pedro Carreño para continuar con el análisis de los más de 20 artículos del proyecto de ley. La iniciativa promete garantizar el acceso en condiciones de calidad y sostenibilidad, aunque el Parlamento finalizó la sesión sin fijar una fecha definitiva para retomar la discusión en el recinto.
(Con información de EFE)
