La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el régimen chavista, aprobó un proyecto de ley de amnistía con el objetivo de liberar a presos políticos tras décadas de represión, en un momento de transición política que sigue a la captura y destitución de Nicolás Maduro. La medida fue aprobada inicialmente por unanimidad en lo que representa el primer paso parlamentario para una reforma que ha sido ampliamente debatida dentro del país.
El proyecto, promovido por la presidenta interina Delcy Rodríguez, abarcaría delitos políticos cometidos desde 1999 hasta 2026, incluyendo categorías como traición, terrorismo y rebelión en el contexto de protestas políticas, con la intención declarada de fomentar “convivencia democrática”, liberar a los detenidos y normalizar la vida política.
No obstante, grupos de derechos humanos, líderes de la oposición y expertos legales han expresado reservas serias sobre el alcance real de la amnistía. Una de las principales críticas es que el texto de la ley aún no ha sido divulgado públicamente en su totalidad y que su enfoque estrecho y la dependencia en un sistema judicial que ha sido utilizado para perseguir a disidentes podrían dejar a muchos detenidos fuera de la protección prevista.
Organizaciones como Foro Penal, que documenta casos de detenciones arbitrarias, han señalado que el número de liberaciones efectivas desde principios del año ha sido menor que el anunciado por el gobierno venezolano, y que muchos presos políticos siguen bajo medidas restrictivas incluso después de su excarcelación preliminar. La legislación también excluye de manera explícita delitos graves como violaciones masivas de derechos humanos, homicidio intencional, corrupción o narcotráfico, lo que limita aún más quiénes podrían beneficiarse de la amnistía final.
La aprobación de esta amnistía se da en un contexto de presión internacional, incluyendo de la administración del presidente Donald J. Trump, que ha impulsado la liberación de presos políticos como parte de una agenda más amplia de respuesta al colapso del régimen chavista. Sin embargo, la comunidad internacional y varios organismos de derechos humanos han advertido que cualquier medida de amnistía debe ir acompañada de mecanismos de transparencia, supervisión independiente y participación de las víctimas para evitar que la ley se interprete como un simple instrumento de impunidad.
Los críticos sostienen que, sin estos elementos adicionales y un proceso claro que garantice la rendición de cuentas, la ley podría no desmontar realmente las estructuras que permitieron la persecución política durante décadas y podría ser utilizada como una herramienta más de control político por parte de quienes aún detentan el poder.
