En un giro táctico orientado a intentar restaurar la confianza del sector empresarial y dinamizar la colapsada economía nacional, la presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que el Ejecutivo ha instruido la valoración técnica de activos no esenciales bajo administración estatal para su posterior devolución a antiguos propietarios o venta al sector privado. A través de una alocución transmitida este jueves, la funcionaria detalló que el plan de inventario y cuantificación patrimonial se encuentra en fase avanzada dentro de las mesas de diálogo que mantiene el gobierno con diversos gremios económicos.
"He instruido la valoración de activos no esenciales en manos del Estado que puedan ser ofertados al sector privado o devueltos a sus antiguos propietarios. Esto está avanzado. La propiedad privada es un derecho protegido garantizado por nuestra Constitución", afirmó Rodríguez.
Asimismo, en el ámbito energético y extractivo, la mandataria interina reveló que se encuentran en negociación 44 nuevos acuerdos bajo el marco de la Ley de Hidrocarburos (que se sumarían a 61 contratos suscritos previamente),además de avanzar en conversaciones con capitales privados en el sector minero para la explotación de hierro, aluminio y oro.
Intento de apertura económica frente al deterioro del modelo centralista
El plan de restitución y privatización parcial de bienes públicos surge en un contexto donde el Estado venezolano carece de liquidez y capacidad operativa para mantener infraestructuras, plantas de alimentos y empresas confiscadas que hoy se encuentran paralizadas o destruidas. La estrategia gubernamental pretende transferir la carga financiera de estos activos al sector privado mediante esquemas de oferta pública y alianzas estratégicas.
Sin embargo, analistas y sectores productivos reciben el anuncio con escepticismo, señalando que la verdadera restitución de la seguridad jurídica en Venezuela requiere el restablecimiento del Estado de derecho, la independencia judicial y la erradicación del arbitraje institucional. La iniciativa de privatización ocurre en paralelo a la apertura de mercados en la región, donde gobiernos conservadores han demostrado que las garantías a la inversión florecen bajo marcos legales sólidos.
(Con información de Banca y Negocios)
