El balance de víctimas fatales por el doble movimiento telúrico en el norte de Venezuela alcanzó la cifra de 5.346 fallecidos. Los reportes divulgados por la cúpula parlamentaria confirmaron un registro superior a los 16.700 heridos y miles de familias damnificadas. La cifra de afectados evidencia la gravedad de la catástrofe que mantiene a más de 23.000 ciudadanos en campamentos provisionales.
La administración que encabeza la cúpula chavista ha evitado ofrecer un cómputo oficial sobre la cantidad exacta de personas desaparecidas tras los derrumbes. No obstante, iniciativas civiles contabilizan casi 30.000 registros en paradero desconocido, mientras informes de Naciones Unidas prevén que las cifras reales alcancen las 50.000 víctimas. La falta de transparencia institucional incrementa la incertidumbre de miles de familias en las zonas afectadas.
Ante el colapso de las morgues públicas, las autoridades iniciaron jornadas de toma de muestras de ADN para intentar identificar los cadáveres recuperados. Las instalaciones del Servicio Forense en Bello Monte reciben a los familiares de las víctimas para realizar los cotejos genéticos correspondientes. La persistencia de más de 1.400 réplicas complica severamente las labores operativas en las estructuras debilitadas.
En el sector costero de La Guaira, identificado como la zona cero de la tragedia, los equipos de rescate mantienen la remoción de escombros de 190 edificios colapsados. El deterioro de los servicios públicos obligó a desplegar operativos sanitarios para prevenir epidemias provocadas por la descomposición de restos y la falta de agua potable. Las condiciones de insalubridad evidencian el abandono estructural de las comunidades.
Las autoridades del régimen sostuvieron encuentros de trabajo con delegaciones internacionales que colaboraron en las tareas de evaluación de ingeniería y remoción de restos. Especialistas extranjeros asesoraron en el diagnóstico de edificaciones con riesgo de colapso y en el diseño de planes de contingencia urgentes. La asistencia técnica externa resultó clave ante la limitada capacidad de respuesta estatal.
El Ministerio de Salud mantiene jornadas de desinfección y control de plagas en las parroquias más castigadas para mitigar riesgos epidemiológicos de gran escala. A pesar del despliegue oficial, decenas de miles de personas continúan a la espera de soluciones habitacionales definitivas tras perder sus hogares. La magnitud del impacto requerirá un esfuerzo logístico prolongado para la reconstrucción de las zonas siniestradas.
La crisis humanitaria derivada de los sismos pone de manifiesto la precariedad de la infraestructura pública tras años de desinversión y mala gestión. Las organizaciones independientes continúan recopilando datos sobre los desaparecidos ante el silencio de las instituciones controladas por el oficialismo. La población afronta las consecuencias del desastre en medio de serias deficiencias en la atención primaria.
(Con información de Infobae)
