Más de 80 manifestantes fueron arrestados tras disturbios violentos en Los Ángeles, Denver, Portland y Dallas. El asistente de la fiscal general, Bill Essayli, advirtió que tienen grabaciones de quienes lanzaron bloques de concreto a los oficiales. La respuesta federal ha sido inmediata para procesar a los agresores captados en video.
En Los Ángeles se registró la mayor agresividad, con más de 70 detenciones tras ataques al Centro Metropolitano de Detención. La policía utilizó gas lacrimógeno para dispersar a la multitud que lanzaba proyectiles y botellas. Los agentes ya han comenzado a arrestar a los violentos que intentaron asaltar la corte.
El movimiento radical intentó provocar incidentes cerca de Mar-a-Lago, en Florida, donde reside el presidente Donald Trump. Sin embargo, la presencia de simpatizantes del mandatario frenó cualquier intento de agresión por parte de los activistas. En esta zona, la jornada transcurrió sin incidentes mayores gracias a la firmeza oficial.
Los grupos de izquierda, respaldados por organizaciones como la ACLU, utilizaron como excusa la política de seguridad nacional en Irán. Critican la defensa de los intereses estadounidenses, vinculándola falsamente con la inflación interna. El discurso busca desestabilizar la economía y atacar las funciones legítimas del servicio de inmigración.
Las manifestaciones se concentraron en Mineápolis, ciudad que los sectores progresistas han convertido en el epicentro de su agenda contra el control fronterizo. Allí, los activistas reiteraron sus ataques contra la Patrulla Fronteriza. La coalición radical afirma movilizar a millones, aunque las cifras de asistencia real son cuestionadas.
A pesar del intento de mostrar las marchas como pacíficas, la realidad reflejó una clara intención de confrontar a la autoridad. Los reportes de Denver y Portland confirman que el desorden público se repitió de manera coordinada. La administración no permitirá que los abusos de los manifestantes queden impunes ante la justicia.
La jornada concluyó con un refuerzo de la seguridad en edificios gubernamentales para prevenir nuevos ataques de los extremistas. Los grupos de presión vinculados al movimiento continúan su campaña de desinformación sobre la gestión presidencial. El gobierno protegerá a los ciudadanos frente a la violencia de las turbas.
