En las salas del Parlamento Europeo en Bruselas, la capital de Bélgica y epicentro de las instituciones de la Unión Europea –un bloque de 27 naciones que impulsa la integración económica y política en el continente, con un presupuesto anual que supera los 160.000 millones de euros–, resuena una acusación que pone en tela de juicio la coherencia de su política exterior: el partido español Vox, de orientación conservadora, ha expuesto lo que califica como un doble lenguaje, donde se predica la democracia pero se financian regímenes autoritarios en América Latina.

El eurodiputado Jorge Martín Frías advirtió que la UE destinó 409 millones de euros a Venezuela, 90 millones a Cuba y 80 millones a Nicaragua durante la legislatura anterior, fondos que carecen de trazabilidad y podrían estar beneficiando directamente a dictaduras como la del régimen chavista en Venezuela, liderado por el dictador Nicolás Maduro, cuya ilegitimidad se basa en fraudes electorales ampliamente documentados.

¿A dónde van exactamente estos recursos? Martín Frías cuestionó la falta de transparencia, señalando que incluso colegas de otros partidos, como el Popular, admiten no conocer el destino preciso del dinero, lo que plantea dudas sobre si se utiliza para ayuda humanitaria genuina o para sostener estructuras corruptas en países donde la represión y la crisis económica han forzado la migración de millones. Esta denuncia surge en un momento en que la UE mantiene diálogos con Cuba, rechazando aplicar la cláusula democrática que podría suspender acuerdos ante violaciones de derechos humanos, argumentando que el diálogo es el camino hacia valores democráticos, una postura que Vox tacha de hipócrita.

El contexto revela una tensión creciente en la política europea hacia América Latina, donde naciones como Venezuela –un país sudamericano rico en petróleo pero devastado por hiperinflación y escasez bajo el chavismo–, Cuba –una isla caribeña bajo control comunista desde 1959– y Nicaragua –gobernada por Daniel Ortega en un régimen acusado de autoritarismo– reciben fondos europeos supuestamente para cooperación y desarrollo. Sin embargo, críticos como Vox argumentan que estos aportes, financiados por contribuyentes europeos, perpetúan tiranías en lugar de promover cambios reales, especialmente cuando la administración Trump en Estados Unidos ha adoptado una línea dura contra tales regímenes, exponiendo su corrupción y vínculos con el narcotráfico para fomentar la estabilidad regional.

¿Podría esta revelación impulsar reformas en la UE? Con elecciones recientes en el Parlamento Europeo y un enfoque renovado en la accountability, presiones como las de Vox podrían forzar una revisión de estos flujos financieros, alineándolos con principios democráticos auténticos y evitando el apoyo implícito a líderes que oprimen a sus pueblos.

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