El grupo parlamentario Vox registró formalmente en el Congreso de los Diputados una proposición de ley orgánica orientada a endurecer la política penal y migratoria del Estado. El proyecto busca modificar de raíz el artículo 89 de la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal con el fin de sustituir de manera automática el cumplimiento de las penas de prisión por la expulsión del territorio nacional de los delincuentes extranjeros, anulando cualquier excepción judicial vinculada al arraigo familiar o laboral de los procesados.
La propuesta del articulado impulsado por la formación que lidera Santiago Abascal radica en establecer la pérdida de la nacionalidad española para aquellos ciudadanos nacionalizados (es decir, no españoles de origen) que resulten condenados debido a la comisión de cualquier delito tipificado en el ordenamiento legal. La iniciativa busca revertir el actual marco jurídico que restringe de forma extrema la retirada de la ciudadanía, limitándola hoy en día a supuestos excepcionales de fraude en la concesión o delitos de alta gravedad contra la seguridad nacional y el terrorismo internacional
Desde la perspectiva de Vox, las herramientas normativas vigentes carecen de la fuerza disuasoria necesaria frente al auge de la multirreincidencia y el crimen organizado o profesionalizado, tales como los hurtos masivos de dispositivos móviles y los robos con fuerza que afectan a las corporaciones locales. El texto argumenta que la interpretación judicial actual ha derivado en un "mecanismo de flexibilización abusiva" donde los lazos sociales mínimos sirven para eludir las órdenes de expulsión, trasladando a los contribuyentes españoles el costo económico, penitenciario y de seguridad pública derivado de sostener a reos que quebrantaron las leyes del país.
Además del destierro judicial y la pérdida de los derechos de ciudadanía, la reforma estipula un cerco socioeconómico total para los implicados, prohibiendo por ley que cualquier extranjero condenado y expulsado pueda volver a postularse o percibir ayudas, prestaciones sociales o subvenciones financiadas con fondos públicos. Asimismo, la propuesta insta al Ejecutivo a mantener una diplomacia activa con terceros países y en el seno de la Unión Europea para promover convenios bilaterales que permitan a los convictos cumplir las condenas de privación de libertad directamente en sus países de origen, fijando paralelamente una prohibición de entrada a España de hasta 20 años.
Para fundamentar la urgencia de esta reestructuración, la iniciativa incorpora los últimos datos publicados por la Fundación Disenso, los cuales exponen una sobrerrepresentación de los ciudadanos extranjeros en las estadísticas delictivas graves. El informe técnico señala que el 41,7% de las agresiones sexuales con penetración en el país son cometidas por individuos foráneos, a pesar de representar únicamente entre el 13,4% y el 14,1% de la población empadronada. Esta correlación se eleva hasta el 43% en ataques grupales y registra picos críticos en comunidades autónomas como el País Vasco (67,6%), Navarra (62,96%) y Cataluña (60,3 }%), identificando a Marruecos y Argelia como las nacionalidades con mayor incidencia.
(Con información de Europa Press y OKDiario)
