El gobierno de China inició una ofensiva fiscal sobre el patrimonio extranjero de las grandes fortunas del país para cobrar, desde el 22 de octubre, una tasa del 20% sobre dividendos e intereses obtenidos a través de fideicomisos internacionales. Según reveló el Financial Times, la normativa alcanza a activos heredados y revisará las ganancias del período 2023-2025, otorgando un plazo de 90 días para regularizar las deudas tributarias.
La medida busca ampliar la recaudación del Gobierno central y profundizar el proyecto de "prosperidad común" impulsado por el presidente Xi Jinping, exigiendo una mayor carga fiscal a quienes acumularon riqueza durante la expansión económica. Como parte de esta campaña, las autoridades dieron instrucciones a entidades financieras para examinar transacciones y ganancias de capital de sus clientes adinerados desde el año 2000.
La ofensiva provocó inquietud en Hong Kong y Singapur, donde familias empresarias evalúan vender acciones e inmuebles de lujo o solicitar préstamos para cubrir los compromisos impositivos. La exigencia fiscal sorprendió a los fundadores de negocios creados durante la apertura económica que se encontraban preparando la transmisión de sus activos y empresas a las nuevas generaciones.
Ante los controles, firmas de gestión patrimonial en Nueva York registraron un aumento de consultas y aperturas de cuentas procedentes de inversores que buscan trasladar fondos a Estados Unidos. La condición de exención de impuestos a ganancias de capital para no residentes y la falta de intercambio automático bajo los estándares de la OCDE convirtieron a ese mercado en un destino alternativo.
No obstante, expertos y asesores señalan que renunciar a la ciudadanía o adoptar residencia extranjera no resuelve la situación para los ejecutivos que mantienen negocios y cotizan en el mercado continental. Además, cerrar los fideicomisos internacionales de forma anticipada también activa el cobro de la tasa del 20%, dejando a los empresarios sin margen de maniobra.
Analistas advierten que la presión sobre los grandes patrimonios y el sector privado puede minar la confianza de un segmento que genera cerca del 80% del empleo en China. La tensión para Beijing radica en incrementar sus ingresos fiscales sin desincentivar a los empresarios que consideran que el costo de asumir riesgos en el país es cada vez más alto.
(Con información de Infobae)
