A casi un año del asesinato del activista conservador y fundador de Turning Point USA, Charlie Kirk, sus familiares presentaron una notificación de reclamo (requisito previo a una demanda civil) contra la Universidad Utah Valley (UVU), el estado de Utah y altos mandos de la institución. El documento legal sostiene que la muerte del líder político de 31 años fue consecuencia directa de una cadena de omisiones y negligencias por parte de las autoridades universitarias, quienes lo expusieron a un ataque evitable pese a las alertas previas sobre riesgos en los accesos a las azoteas del recinto.
El escrito judicial, firmado por los abogados de la viuda Erika Kirk y los padres de la víctima, detalla que la seguridad del evento advirtió con antelación al jefe de la policía de la UVU, Jeffrey Long, sobre el acceso de estudiantes a las azoteas del Centro Sorenson, colindante al área donde Kirk ofrecería su discurso el 10 de septiembre de 2025. A pesar del antecedente del intento de magnicidio contra Donald Trump en 2024 perpetrado desde un tejado, la policía del campus respondió que la zona estaba cubierta. No obstante, el asesino, Tyler Robinson, logró posicionarse en la azotea del edificio Losee, disparando desde más de 120 metros de distancia.
"El riesgo de un tirador en una azotea debió haber estado especialmente presente. Esas fallas no solo le robaron la vida a Charlie Kirk, sino que privaron a su familia de un esposo, padre e hijo, con un impacto que perdurará por el resto de sus vidas", afirmó Brett Parkinson, uno de los abogados representantes de la familia.
La notificación expone severas falencias en la planificación de la seguridad pública para un evento al que asistieron más de 3.000 personas. El documento destaca la ausencia de un plan de riesgo por escrito, la falta de monitoreo en tiempo real de las cámaras del campus y la denegación de refuerzos policiales por parte de la entonces rectora, Astrid Tuminez, dejando la cobertura en manos de solo seis oficiales. Asimismo, el texto denuncia que tras el disparo no había servicios médicos ni ambulancias disponibles en el lugar, por lo que Kirk tuvo que ser trasladado a un centro asistencial en un vehículo privado.
Mientras la familia de Kirk impulsa el reclamo por homicidio culposo y "peligro creado por el Estado", el proceso penal contra el imputado de 23 años, Tyler Robinson, continúa su curso tras haberse declarado no culpable de asesinato con agravantes, delito por el cual la fiscalía busca la pena de muerte respaldándose en pruebas de ADN, grabaciones de video y cartas autoincriminatorias. Por su parte, la Universidad Utah Valley emitió un breve comunicado indicando que está al tanto del documento legal y que abordará las acusaciones conforme a sus procedimientos institucionales establecidos.
(Con información de Fox News y Associated Press)
