Un mes exacto después de la operación militar estadounidense que culminó con su captura en Caracas, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores continúan detenidos en una prisión federal de Nueva York, a la espera de la vista judicial preliminar programada para marzo de 2026. El exdictador y la exvicepresidenta enfrentan cargos federales por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y lavado de dinero, en una causa que podría llevarlos a cadena perpetua.
Maduro fue capturado el 3 de enero durante un operativo de fuerzas especiales en el Palacio de Miraflores, trasladado de inmediato a territorio estadounidense y presentado ante una corte federal en Manhattan. Desde entonces permanece en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York bajo máxima seguridad, sin derecho a fianza por considerarse riesgo de fuga y peligro para la comunidad. Cilia Flores, detenida en el mismo operativo, comparte destino similar en una instalación separada para mujeres.
La fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, liderada por el fiscal Damian Williams, ha calificado a Maduro como “líder del Cartel de los Soles”, una organización criminal transnacional que, según la acusación, utilizó el Estado venezolano para exportar toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. Las pruebas incluyen interceptaciones de comunicaciones, testimonios de desertores de alto rango y registros financieros que vinculan a la pareja presidencial con cuentas en paraísos fiscales y empresas fachada.
La defensa, a cargo de un equipo de abogados privados contratado desde el exterior, ha solicitado la nulidad del proceso argumentando violación de soberanía y secuestro internacional. Sin embargo, el Departamento de Justicia ha sostenido que la captura se realizó bajo principios de jurisdicción universal por delitos de narcoterrorismo y que Venezuela, al no tener tratado de extradición vigente con EE.UU., no puede reclamar la devolución inmediata de los detenidos.
La vista preliminar, fijada tentativamente para mediados de marzo, determinará si hay pruebas suficientes para avanzar a juicio. Fuentes judiciales indican que el proceso podría extenderse varios meses debido a la complejidad de las pruebas y al volumen de testigos protegidos que planea presentar la fiscalía.
Mientras tanto, en Venezuela, la presidenta interina Delcy Rodríguez ha mantenido silencio oficial sobre la situación de Maduro y Flores, limitándose a afirmar que “el país avanza hacia la estabilidad y la reconstrucción”. La oposición, encabezada por María Corina Machado, ha calificado la captura como “el fin de una era de terror” y ha exigido que cualquier negociación futura incluya la extradición de otros altos funcionarios implicados en narcotráfico.
A un mes de los hechos, la detención de Maduro y Flores en Nueva York simboliza el colapso definitivo de la estructura de poder chavista. Con el desmantelamiento del Cartel de los Soles en marcha, la reapertura del espacio aéreo y el desbloqueo parcial de activos, Venezuela entra en una fase de transición que aún enfrenta resistencias internas, pero que cuenta con el respaldo decidido de Estados Unidos. El juicio en marzo no solo definirá el destino personal de los acusados, sino que marcará un precedente histórico en la lucha contra el narcoterrorismo estatal en América Latina. Para millones de venezolanos, el 3 de enero de 2026 ya no es solo una fecha: es el día en que comenzó el fin de la dictadura.
