Las autoridades del Gobierno federal de Estados Unidos ejecutaron este lunes una ofensiva judicial y policial de gran escala en el estado de California bajo la denominada "Operación Proteger el Voto", dirigida a neutralizar redes de votación ilegal integradas por ciudadanos extranjeros antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato.
Redadas federales e imputaciones por delitos graves
Las operaciones matutinas abarcaron múltiples condados del territorio californiano, resultando en la captura de extranjeros con residencia legal permanente (green card) que usurparon la condición de ciudadanos estadounidenses para emitir sufragios en comicios federales y estatales.
Uno de los operativos más relevantes tuvo lugar en la localidad de Commerce, donde efectivos armados de Investigaciones de Seguridad Nacional arrestaron al ciudadano beliceño Alexander Muñoz, de 72 años. De acuerdo con el expediente fiscal, Muñoz se registró fraudulentamente en septiembre de 2019 alegando nacionalidad estadounidense, lo que le permitió votar en las elecciones presidenciales de 2020, en dos procesos de 2022 y en las presidenciales de 2024, además de mentir bajo juramento en su trámite de naturalización.
"Las detenciones de hoy confirman lo que sospechábamos y lo que ya habíamos advertido a California: personas que no son ciudadanas están votando en las elecciones, lo cual es inconstitucional e ilegal", aseveró Bill Essayli, fiscal federal principal en Los Ángeles.
La lista de 20.000 irregulares y la demanda a la Secretaría de Estado
La redada policial representa la fase operativa de una demanda civil y penal interpuesta por el Departamento de Justicia de EE. UU. contra el gobierno estatal de California. La administración federal entregó previamente una memoria USB encriptada a la secretaria de Estado, Shirley Weber, y al registrador del condado de Los Ángeles, Dean Logan, la cual contenía una nómina con más de 20.000 probables no ciudadanos inscritos para recibir papeletas de voto por correo.
Tras el vencimiento del ultimátum de 48 horas concedido por Washington para auditar los padrones, los fiscales federales recurrieron a los tribunales solicitando una medida cautelar que impida el cómputo de votos remitidos por correo por parte de personas cuyo estatus migratorio o de ciudadanía no haya sido fehacientemente verificado.
"El fraude electoral facilitado por el Estado es inaceptable en los Estados Unidos de América. Si un tribunal lo declara responsable, el Estado de California habrá socavado gravemente la confianza en nuestro sistema electoral", sentenció el fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche.
Advertencia penal para la cadena de custodia electoral
El Departamento de Justicia elevó la presión sobre las autoridades del estado al notificar que la tabulación o procesamiento a sabiendas de votos ilegales constituirá un delito grave de complicidad federal.
En una misiva dirigida a la asesoría jurídica del condado de Los Ángeles y a la Secretaría de Estado, el fiscal general adjunto interino, R. Trent McCotter, advirtió:
"La consecuencia legal por facilitar o ignorar un delito federal es significativa. Si las personas tabulan a sabiendas boletas emitidas por individuos identificados como no ciudadanos, corren el riesgo de convertirse en cómplices y encubridores".
(Con información de Associated Press y New York Post)
