El estado de Florida dio un paso histórico en favor del principio de legalidad y la memoria de las víctimas del castrismo al dictar una orden judicial de arresto penal contra el exmandatario cubano Raúl Castro por la masacre de los cuatro miembros de la organización humanitaria Hermanos al Rescate en 1996.
Trama de espionaje en suelo estadounidense e imputación formal
En un acto celebrado en la Universidad Internacional de Florida (FIU), el fiscal general James Uthmeier y el gobernador Ron DeSantis confirmaron los cargos promovidos tras las investigaciones del Departamento de Aplicación de la Ley del estado. La imputación señala que agentes del régimen de La Habana se infiltraron en las estructuras de la organización en Miami y en la Estación Aérea Naval de Cayo Hueso entre 1995 y febrero de 1996 para transmitir coordenadas tácticas.
Aquel despliegue de inteligencia sirvió para preparar la emboscada aérea del 24 de febrero de 1996, cuando aviones de combate MiG de la aviación militar de la isla destruyeron dos aeronaves civiles no armadas sobre el Estrecho de Florida. Las actividades delictivas organizadas en territorio floridano sirvieron de base jurídica para otorgar competencia penal a los tribunales del estado.
"La dificultad para ejecutar la detención física de Raúl Castro mientras permanezca amparado por el régimen en la isla no nos exime del deber moral y legal de actuar ante un crimen atroz. Florida está lista para llevarlo ante la justicia en el momento en que surja la oportunidad", declaró el fiscal Uthmeier.
Vía judicial doble e inhabilitación internacional
La orden emitida por la jueza Ariana Fajardo Orshan crea un frente procesal paralelo al expediente incoado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en mayo de 2026, el cual imputa a Castro y a otros cinco mandos militares siete cargos federales por asesinato e interdicción ilegal de aeronaves.
Con esta acción coordinada entre el FBI y los fiscales locales, la justicia norteamericana estrecha el cerco sobre la cúpula militar de La Habana. Castro, que ostenta la condición de prófugo federal, queda sujeto a pedidos inmediatos de detención y extradición en cuanto pise territorio internacional.
Familiares de los cuatro pilotos caídos recibieron la decisión judicial como una victoria para la dignidad y el imperio de la ley, manifestando que, si bien la justicia no devolverá la vida a sus seres queridos, el procesamiento legal marca un precedente indiscutible frente a los crímenes perpetrados por la dictadura cubana.
(Con información de CiberCuba, El Nacional y Periódico Cubano)
