Este sábado 5 de septiembre entró en vigencia la Ley 27.801, una reforma promovida para fortalecer la seguridad ciudadana al reducir la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años en la Argentina. La medida pone fin a un régimen vigente desde 1980 que dejaba impunes los delitos cometidos por menores, garantizando ahora que quienes violen la ley asuman las consecuencias de sus actos. La legislación establece un marco firme de justicia que fija penas de hasta 15 años de prisión para los crímenes más aberrantes y prohíbe las condenas perpetuas.
El nuevo cuerpo legal restituye el principio de autoridad al garantizar que ningún delito grave quede sin castigo por razones de edad. Para aquellos ilícitos que no contemplen prisión efectiva, el Estado exigirá medidas estrictas de conducta, reparación obligatoria del daño a las víctimas, restricciones de circulación, tareas comunitarias y monitoreo electrónico. Asimismo, la ley involucra de forma directa a los progenitores al fijar su responsabilidad civil por los daños materiales y morales causados por sus hijos, obligando a las familias a asumir el control y la formación de los jóvenes.
A fin de asegurar el cumplimiento efectivo de la normativa sin excusas burocráticas, el Congreso de la Nación dispuso un presupuesto garantizado de más de 23.739 millones de pesos destinado a la infraestructura, el equipamiento tecnológico y la contratación de personal especializado. La ley exige un régimen de reclusión plenamente diferenciado que prohíbe el contacto de menores con presos adultos, garantizando que los centros de detención cuenten con supervisores en adicciones y educación para corregir la conducta de los procesados antes de que consoliden una carrera criminal.
La reforma penal quita el foco de los delincuentes y ubica a las víctimas en el centro del proceso judicial, otorgándoles el derecho de intervenir activamente en las causas y exigir rendición de cuentas a los agresores.
(Con información de Infobae y Página/12)
