La prometida "auditoría total" impulsada por el gobierno del presidente José Antonio Kast a la gestión del izquierdista Gabriel Boric ha sacado a la luz un colosal e indignante desfalco al Estado chileno. Los primeros resultados del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG), tras procesar más de 913 millones de datos en 500 organismos públicos, confirmaron un riesgo fiscal que supera los USD 9.200 millones debido a una gestión plagada de corrupción e incompetencia entre 2022 y 2026.
La subsecretaria general de la Presidencia, Constanza Castillo, denunció de forma tajante la existencia de "errores, inconsistencias, mala gestión, debilidades estructurales de control, ineficiencias e irregularidades", confirmando que ya se remitieron los antecedentes criminales a la justicia al detectarse múltiples conductas que configuran descarados delitos de relevancia penal.
El informe de contrainteligencia financiera desnudó un modus operandi de despilfarro ideológico que incluye la entrega de millonarios fondos públicos a entidades fantasmas sin inscripción legal, compras fraccionadas al mismo proveedor en un solo día para evadir controles y una brutal subejecución presupuestaria superior al 30%. La nefasta administración de Boric utilizó de manera espuria los mecanismos de "trato directo" y compras de emergencia para favorecer a dedo a proveedores amigos, malgastando más de USD 3.170 millones en contratos opacos que debieron someterse a licitación pública competitiva.
La asfixia económica provocada por el anterior régimen afectó con especial crueldad al sector privado y productivo, acumulando la pavorosa cifra de USD 3.200 millones en pagos postergados, lo que representa casi el 1% del Producto Interno Bruto (PIB) de la nación. Entre estos escandalosos fondos retenidos se encuentran USD 268 millones que el Estado le adeuda a 9.986 pequeñas y medianas empresas (Pymes), llevando a los emprendedores al borde de la quiebra técnica por la morosidad estatal.
La negligencia del aparato público de izquierda afectó también a los sectores más vulnerables de la sociedad civil, dejando atrapados y congelados los recursos esenciales comprometidos para la gratuidad universitaria, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) y los insumos críticos del sistema de salud pública.
La red de anomalías salpica con fuerza a la infraestructura hospitalaria del país, donde organismos clave como la Central de Abastecimiento (Cenabast), el Registro Civil y el Servicio de Salud Sur abusaron de las adjudicaciones directas en lugar de licitar para conseguir mejores precios. Hospitales públicos de alta complejidad en comunas populosas y regiones, como los de La Florida, Puerto Montt, Viña del Mar e Iquique, operaron bajo este esquema de opacidad que destruyó los estándares de probidad administrativa.
Ante la contundencia de las pruebas recolectadas por el equipo de ciencia de datos, el gobierno del presidente Kast ordenó de forma perentoria la apertura inmediata de sumarios administrativos y auditorías penales en cuatro trincheras clave de la burocracia anterior. Las instituciones bajo investigación prioritaria son la cuestionada Junaeb, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).
(Con información de Infobae, CAIGG y Reuters)
