El pleno del Ayuntamiento de Lleida dio luz verde a la modificación de la Ordenanza Municipal de Civismo y Convivencia para prohibir el uso de indumentarias que oculten totalmente el rostro en la vía pública y dependencias municipales, veto que afecta directamente a prendas islámicas extremas como el burka y el niqab. La iniciativa salió adelante con una amplia mayoría conformada por los concejales del gobierno local (PSC-Units), Junts y Vox, consolidando una postura firme en favor de la integración y el respeto a las normas comunitarias.
La nueva reglamentación tipifica como infracción leve el tránsito o la permanencia en recintos públicos con la cara cubierta de forma opaca, contemplando multas económicas que oscilan entre los 400 y los 750 euros. Desde el consistorio defienden que el marco normativo busca restaurar el orden cívico ante el incremento de faltas detectadas en los últimos años, combinando mediación, prevención y sanción para asegurar que el espacio público responda a patrones de transparencia y libertad compartida.
A diferencia de la iniciativa pionera de 2010 (anulada en 2013 por el Tribunal Supremo por falta de competencias municipales en materia de derechos fundamentales), el actual equipo de gobierno confía en que el texto supere el filtro judicial al no sustentarse en preceptos de orden público, sino en la defensa intrínseca de la igualdad y la dignidad de las mujeres. La medida ha contado incluso con el respaldo político del president de la Generalitat, Salvador Illa, quien descartó sesgos discriminatorios y subrayó el compromiso con las libertades individuales.
El debate político generado en la Paeria coincide con la actividad parlamentaria en el Congreso de los Diputados, donde se constituyó una subcomisión específica (a propuesta del PNV y con el apoyo de PP, Vox, Junts y PSOE) para establecer un marco legal estatal respecto a la visibilidad del rostro en espacios comunes. Asimismo, la determinación de Lleida se enmarca en una corriente europea encaminada a regular estas prácticas, como las recientes normativas aprobadas en Portugal y los proyectos en discusión en Italia.
Con esta resolución, la capital leridana reafirma su liderazgo municipal en la preservación de los valores de convivencia cívica, enviando un mensaje claro sobre la primacía de la integración y el respeto recíproco dentro de la sociedad democrática.
(Con información de El Periódico y El País)
