Las autoridades antinarcóticos de Bolivia han marcado un hito en su política exterior al reunirse formalmente este martes con agentes de la DEA en Washington. El viceministro de Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, y el director de la FELCN, William Cabrera, encabezaron el encuentro cuyo eje central fue la desarticulación definitiva de la red liderada por Sebastián Marset.
Tras la captura del uruguayo el pasado 13 de marzo en Santa Cruz y su posterior entrega a la justicia estadounidense por lavado de dinero, el Gobierno boliviano busca ahora fortalecer el intercambio de inteligencia para neutralizar los remanentes de su organización y frenar la expansión de carteles brasileños como el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho.
El acercamiento con la agencia estadounidense ocurre en un clima de alta tensión interna, tras una ola de asesinatos en Santa Cruz que los analistas atribuyen a la falta de una desarticulación real de la estructura de Marset. Según la criminóloga Gabriela Reyes, las recientes ejecuciones, incluida la de un piloto vinculado a la red durante una competencia automovilística, son consecuencia directa de las pugnas por el liderazgo vacante.
A pesar del éxito mediático que supuso la captura de Marset, la operación ha estado plagada de sombras y contradicciones institucionales. Diversos sectores han cuestionado la presunta sustracción de joyas y dinero en efectivo durante los allanamientos, así como las cifras discordantes sobre el número de detenidos: mientras el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, reportó 55 aprehendidos, otros altos cargos redujeron la cifra a 20 apenas tres días después.
La cooperación con la DEA representa un giro significativo para la administración de Bolivia, que en años anteriores mantuvo una relación distante con la agencia norteamericana. El objetivo ahora es implementar un sistema de monitoreo conjunto sobre aeródromos y flotas de avionetas, tras el secuestro de al menos 16 aeronaves vinculadas al narco uruguayo.
La situación en la frontera con Brasil y Perú también formó parte de las deliberaciones en el Capitolio. Justiniano subrayó la necesidad de un intercambio de información fluido para detectar el movimiento de precursores químicos y el flujo de capitales ilícitos que alimentan al Comando Vermelho. El Gobierno busca que este nuevo pacto de seguridad no solo se limite a la captura de figuras de alto perfil, sino que ataque las finanzas de las redes de sicariato que han disparado la inseguridad en el oriente boliviano.
(Con información de Unitel e Infobae)
