La presidente del ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, presentó la iniciativa EU Inc. para eliminar las barreras de los 27 sistemas legales nacionales. Este régimen voluntario permitiría a los emprendedores expandirse por el bloque sin inscribirse en cada Estado miembro ni cumplir múltiples normativas corporativas. Bruselas estima que bajo este modelo podrían crearse unas 300,000 nuevas empresas en la próxima década.
El sistema funcionará mediante una ventanilla única digital con un coste de registro máximo de 100 euros y sin capital social mínimo inicial. Los emprendedores podrán gestionar todo el ciclo de vida de su negocio, desde la constitución hasta la liquidación, de forma totalmente telemática. La propuesta busca reducir drásticamente la burocracia y los costes asociados a la expansión internacional de las pymes.
La normativa armoniza aspectos de registro y gobernanza, pero no sustituye a las legislaciones laborales ni tributarias de cada país. Las empresas deberán seguir cumpliendo las reglas de protección laboral y salarios del lugar donde se realice el trabajo efectivo. Con esto, la Comisión pretende evitar el "dumping" social y asegurar que los derechos de los trabajadores permanezcan intactos.
Para las empresas emergentes, se proponen mecanismos de liquidación acelerados que faciliten el cierre y la reapertura de negocios en caso de impagos. Los procesos estándar permitirán gestionar reclamaciones de forma más ágil, haciendo que la representación legal sea opcional en ciertos casos. El objetivo final es fomentar una cultura de emprendimiento más dinámica y resiliente en el mercado común.
El Ejecutivo comunitario ha solicitado al Parlamento Europeo y a los Estados miembros que aprueben este reglamento antes de que finalice el año 2026. Esta medida se considera la primera fase del "Régimen 28", un plan más amplio para apoyar la innovación y la financiación empresarial. Se espera que los países establezcan tribunales específicos para mediar en disputas bajo este nuevo marco legal.
La propuesta también contempla la reducción de intermediarios obligatorios para las operaciones de financiación y capitalización de las empresas. De este modo, las firmas podrán atraer inversores de otros países del bloque con menores trabas notariales y presenciales. Este enfoque digital busca situar a la Unión Europea a la vanguardia de la agilidad administrativa global.
Bruselas insiste en que el pago de impuestos seguirá realizándose en el país donde la empresa mantenga su sede permanente. Esta aclaración busca disipar los temores de los Estados miembros sobre una posible pérdida de recaudación fiscal por deslocalizaciones internas. El reglamento se presenta como una herramienta de crecimiento y no como un atajo para la evasión de responsabilidades.
