En el fragor de una campaña electoral que define el rumbo de Argentina, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha destapado lo que describe como una de las operaciones de espionaje ilegal más graves en la historia democrática, atribuida al kirchnerismo –un movimiento político peronista de izquierda radical asociado a los exmandatarios Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner–, involucrando grabaciones clandestinas en sedes clave del poder ejecutivo y legislativo.

Bullrich presentó una denuncia formal ante la justicia, alegando que audios filtrados de conversaciones privadas en la Casa Rosada –la sede del gobierno nacional– y la presidencia de la Cámara de Diputados fueron obtenidos ilegalmente, almacenados durante más de un año y divulgados estratégicamente para generar caos en vísperas de las elecciones legislativas. Esta maniobra, comparada por la ministra con el caso de Santiago Maldonado en 2017 –donde se alegó una desaparición forzada durante su gestión anterior como ministra, que resultó en una campaña de desinformación contra el gobierno de entonces–, busca erosionar la legitimidad institucional y desestabilizar al actual administración del presidente Javier Milei.

¿Cuál es el núcleo de las acusaciones? Los audios en cuestión involucran a Karina Milei, hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia, y a Eduardo “Lule” Menem, un funcionario cercano, revelando supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos y contratos. Bullrich argumenta que no se trata de una simple filtración, sino de una operación concertada con fines políticos: grabación ilegal, reserva temporal y difusión escalonada para maximizar el impacto electoral, un método que califica como extorsión a la democracia.

La denuncia también apunta a posibles vínculos extranjeros, incluyendo al espionaje ruso, y critica a ciertos medios y periodistas por difundir material de origen clandestino sin verificación, actuando como agentes partidarios. En el caso Maldonado, Bullrich recuerda cómo se inventaron audios y testigos para manchar a las fuerzas de seguridad, un patrón que ve repetirse ahora con mayor audacia al infiltrar los poderes del Estado.

¿Qué acciones se han tomado? El gobierno de Milei ha respaldado la denuncia, abrazando la teoría de un complot orquestado para proteger a sus figuras clave, mientras la oposición kirchnerista rechaza las imputaciones como intentos de distracción ante escándalos internos. La justicia argentina, a través del Tribunal Oral Federal, investiga la autenticidad de los audios y posibles manipulaciones, en un contexto donde la Corte Suprema ha establecido precedentes sobre la malicia real en la difusión de información falsa.

Este escándalo resalta las tensiones en una nación que lucha contra la inflación crónica y la corrupción endémica, donde operaciones de inteligencia ilegal han marcado periodos anteriores.

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