El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, confirmó la detención de 14 personas en un operativo desplegado de madrugada para desarticular lo que calificó como una red delictiva dentro de la Justicia. Las autoridades acusaron al Ministerio Público, encabezado por el fiscal general Roger Mariaca, de operar como una organización criminal dedicada a proteger e incentivar el narcoterrorismo y el crimen organizado.
Entre los aprehendidos figuran autoridades jerárquicas como el propio Mariaca, el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, y el fiscal superior Martín Irusta Flores, junto al jefe policial Rubén Aparicio Villarroel. Los acusados enfrentan cargos por organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico ilícito de sustancias controladas, tras ser trasladados a la ciudad de La Paz para someterse a la justicia ordinaria.
El Ejecutivo vinculó las actuaciones del Ministerio Público con favores a figuras del narcotráfico como el uruguayo Sebastián Marset, revelando que en 2023 este fue liberado pocas horas después de su captura con la devolución de sus bienes incautados. Además, se interceptó a cuatro personas que intentaban retirar altas sumas de dinero en una ambulancia desde la residencia de Mariaca tras su detención.
Las aprehensiones se produjeron dos días después de que el gobierno de Estados Unidos revocara las visas de Mariaca, Zeballos e Irusta por supuestos vínculos con el narcotráfico y el cobro de sobornos. Washington argumentó que el Fiscal General habría facilitado impunidad a delincuentes violentos, afectando la estabilidad y los marcos de seguridad nacional en la región.
El gobierno boliviano descartó la participación de la DEA en el operativo y confirmó que se mantiene la búsqueda del exministro Eduardo Del Castillo. Por su parte, la Fiscalía General emitió un comunicado informando sobre la "ausencia definitiva" de Mariaca y respaldando la asunción interina de Luis Montaño según lo establecido por ley.
Las detenciones exponen el grado de penetración del narcotráfico en las instituciones estatales y remarcan la necesidad de certeza jurídica para combatir la corrupción. El desenlace del proceso contra los exfuncionarios será determinante para la reestructuración del sistema judicial y para el estado de las relaciones bilaterales con las potencias aliadas.
(Con información de Infobae)
