El Gobierno de Bolivia, presido por Rodrigo Paz, respondió a las recientes amenazas vertidas por el expresidente Evo Morales. A través del ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, la administración nacional advirtió que el Estado no tolerará extorsiones ni ultimátums que pretendan paralizar el país mediante medidas de fuerza violentas a partir del próximo 13 de octubre.
La postura gubernamental surge tras un encuentro encabezado por Morales en el trópico de Cochabamba, donde instó a sus sectores afines a movilizarse "a las buenas o a las malas" si no se abrogan los decretos económicos orientados a sanear las finanzas públicas, entre los que destacan la eliminación del subsidio al diésel y el cierre de empresas estatales deficitarias. Frente a esta proclama, el ministro Justiniano remarcó que el derecho a la protesta no puede quebrantar la paz social ni vulnerar los derechos fundamentales de la ciudadanía.
"Nadie, por haber sido presidente o por tener capacidad de movilización, está por encima de la ley. Las diferencias políticas se resuelven dentro de la democracia y del marco legal, no bajo la advertencia de que 'si no es de buenas será de malas'", destacó el ministro de Defensa.
El Ejecutivo recordó que Morales permanece en desacato y tiene órdenes de captura vigentes emitidas por la Fiscalía. La primera por delitos de alzamiento armado, terrorismo y atentado contra la seguridad de los servicios públicos, tras liderar bloqueos viales que generaron pérdidas por 3.000 millones de dólares y desabastecimiento hospitalario con saldo fatal. Asimismo, el exgobernante afronta requerimientos judiciales por el delito de trata agravada de personas, tras ser acusado de haber mantenido relaciones con una menor de edad durante su mandato.
Con miras a salvaguardar la estabilidad de la nación, el Gobierno reafirmó que la prioridad absoluta de la Fuerza Pública es garantizar el libre tránsito en las carreteras, el suministro ininterrumpido de insumos y la seguridad de las familias bolivianas. En el marco del estado de excepción vigente hasta diciembre, las autoridades señalaron que se aplicará todo el peso de la ley contra los grupos que intenten subvertir el orden constitucional mediante acciones vandálicas o bloqueos ilegales.
(Con información de EFE y La Opinión Bolivia)
