El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó que el exmandatario Evo Morales debe presentarse ante los tribunales de justicia para asumir sus responsabilidades penales en la organización de los violentos bloqueos de carreteras y protestas que paralizaron al país entre mayo y junio. La declaración del jefe de Estado se produjo tras la emisión de una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía en contra del líder del Movimiento al Socialismo (MAS), imputado por delitos de terrorismo y alzamiento armado al haber impulsado medidas de fuerza dirigidas a forzar la renuncia del actual Gobierno.
🇧🇴‼️ | El Presidente Rodrigo Paz afirmó que el comunista y criminal, Evo Morales, debe responder en los tribunales tras la orden de captura emitida en su contra por terrorismo y alzamiento armado. Las violentas protestas y bloqueos impulsados por el evismo paralizaron el país… pic.twitter.com/IXd5izzjCn
— UHN Plus (@UHN_Plus) July 31, 2026
Paz enfatizó que en el país prevalece el Estado de derecho y que el exjefe de Estado está obligado a encarar el proceso legal como cualquier otro ciudadano. El mandatario recordó que en el pasado tuvo que comparecer hasta en 16 ocasiones ante los tribunales durante la administración de Morales, además de afrontar otros cinco procesos bajo el mandato de Luis Arce. Por ello, señaló que la Justicia debe actuar con independencia y firmeza ante la gravedad de las acciones conspirativas que atentaron contra la paz social y la estabilidad democrática de la nación.
La causa contra Morales se fundamenta en una denuncia presentada a principios de julio por sectores cívicos de la región de Santa Cruz (motor económico boliviano) y posteriormente respaldada por el Ministerio de Gobierno. Durante siete semanas, grupos afines al expresidente, junto a facciones de la Central Obrera Boliviana (COB) y campesinos de La Paz, desataron el caos vial en el occidente y centro del país, provocando el desabastecimiento generalizado de alimentos, combustibles y suministros médicos esenciales.
El trágico balance de los más de 50 días de movilizaciones promovidas por el sector moravista asciende a 16 fallecidos (13 de ellos víctimas de la falta de atención médica e insumos a causa de las barricadas) y pérdidas económicas que superaron los 3.000 millones de dólares. El conflicto solo se disipó cuando el Ejecutivo decretó el estado de excepción el pasado 20 de junio, permitiendo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional despejar las rutas sin derramamiento de sangre y restablecer la normalidad en el abastecimiento nacional.
Pese a que Morales negó públicamente haber promovido la caída del Gobierno, sus declaraciones en redes sociales amenazando con "dos únicos caminos" (militarizar o convocar a elecciones anticipadas) dejaron al descubierto el chantaje político detrás de las movilizaciones. Actualmente, el exmandatario permanece atrincherado en su bastión sindical del Trópico de Cochabamba, protegido por huestes de seguidores para evitar la ejecución de esta orden de captura, así como un mandato previo de aprehensión dictado por los juzgados de Tarija, donde se le juzga en rebeldía por el delito de trata agravada de personas relacionado con una menor de edad durante su mandato.
(Con información de EFE e Infobae)
