El Gobierno de Chile concretó este viernes un nuevo operativo de expulsión masiva de ciudadanos extranjeros que permanecían en situación irregular o registraban sanciones administrativas y penales. El procedimiento se ejecutó mediante un vuelo chárter coordinado por el Servicio Nacional de Migraciones y la Policía de Investigaciones (PDI),reforzando la política de control fronterizo y soberanía nacional impulsada por las autoridades locales.
Durante una pauta de prensa conjunta, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, acompañado por el director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, y el jefe nacional de Migraciones y Policía Internacional de la PDI, prefecto Ernesto León, entregaron los detalles de la operación. De acuerdo con el balance oficial ofrecido por los voceros institucionales, el grupo estuvo integrado por ciudadanos de distintas nacionalidades: 50 colombianos, 14 peruanos y 11 dominicanos, quienes salieron del territorio nacional en horas de la mañana.
Con la concreción de este chárter, las autoridades actualizaron los indicadores generales del plan de fiscalización y reconducción, confirmando que el país ya registra más de 1.700 órdenes de expulsión materializadas en lo que va del proceso. El fortalecimiento de estas medidas busca desincentivar el ingreso por pasos no habilitados y garantizar el cumplimiento estricto del Estado de derecho frente a la migración ilegal.
Situación judicial de seis detenidos por alteraciones del orden público
En la misma comparecencia, las autoridades de Seguridad e Interior abordaron la situación de seis extranjeros en condición irregular que permanecen bajo custodia tras ser detenidos por su presunta responsabilidad en los desórdenes e incidentes registrados durante manifestaciones recientes en la capital.
Sobre este punto, se aclaró que los seis involucrados cuentan con un plazo legal de diez días para interponer sus recursos de apelación contra los decretos administrativos de expulsión emitidos en su contra. Por ello, la ejecución final de su salida de Chile dependerá de las resoluciones de los tribunales de justicia.
El Ejecutivo reiteró que mantendrá los operativos aéreos y terrestres para acelerar la salida de aquellos ciudadanos que vulneren la normativa migratoria o pongan en riesgo la seguridad ciudadana y el orden público en el país.
(Con información de la Policía de Investigaciones de Chile)
