La Fiscalía Metropolitana Sur formalizó en ausencia a dos ciudadanos de nacionalidad venezolana acusados de integrar una red de blanqueo de capitales vinculada a la organización criminal Tren de Aragua. Las actuaciones judiciales del Tribunal de Garantía de San Miguel buscan habilitar el pedido de extradición hacia Estados Unidos, país donde ambos imputados permanecen bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras la emisión de alertas internacionales de Interpol.
Los investigados fueron identificados como Marcos de Jesús Reyes Acosta, propietario de la firma fachada BexGroup, y Willasander Tejedor Ruiz, señalado por las autoridades como testaferro dentro de la red. Según la investigación fiscal, ambos habrían participado en la desviación de aproximadamente 17.270 millones de pesos chilenos (unos 19 millones de dólares) mediante la compra y transferencia de criptomonedas. La Fiscalía detalló que a Reyes Acosta ya se le congelaron activos digitales por un monto cercano a los 300.000 dólares.
El caso se enmarca en la denominada "Operación Tokio", investigación iniciada tras un evento violento registrado en la comuna de Lampa en 2024, en el que cinco personas fueron asesinadas. En junio de 2025, las autoridades chilenas formalizaron a 17 personas vinculadas a esta estructura, incluyendo a dos ejecutivos bancarios y a Bárbara Hernández, alias "Barbie". Las pesquisas revelaron que la red extorsionaba a locales nocturnos, organizaba eventos y enviaba los fondos ilícitos a Carlos "Bobby" Gómez, un cabecilla de la organización recluido en una prisión en Bogotá a la espera de su extradición a Chile.
De acuerdo con las explicaciones brindadas por el fiscal Héctor Barros, la organización utilizaba empresas creadas con pocos días de anticipación y giros comerciales en servicios informáticos. Las compañías reportaban ganancias millonarias en lapsos breves sin sustento operativo previo, dinero que posteriormente era canalizado mediante plataformas de criptoactivos e ingresado al sistema financiero formal para dificultar el rastreo de los fondos, los cuales en total superarían los 85 millones de dólares en transferencias.
El fiscal Milibor Bugueño confirmó que el tribunal dio por acreditados la existencia de los delitos, los antecedentes de participación de los imputados y la necesidad del requerimiento internacional. Con esta decisión, el Ministerio Público chileno avanzará con las siguientes fases institucionales para lograr el traslado de los detenidos desde territorio estadounidense y someterlos al proceso penal correspondiente en Chile.
(Con información de Infobae y El Universo)
