La propuesta del Ejecutivo contempla la figura de un nuevo estado de excepción de seguridad pública que el presidente de la República podrá decretar frente a amenazas graves e inminentes o ante la afectación severa del orden público. Esta medida podrá extenderse inicialmente por un periodo de hasta 120 días, con la facultad presidencial de prorrogarla por un lapso idéntico, quedando las extensiones posteriores sujetas a la aprobación del Congreso Nacional. Las zonas bajo esta condición quedarán al mando directo de un oficial general de las Fuerzas Armadas designado por el jefe de Estado.
Durante la vigencia de esta medida de excepción, el Ejecutivo dispondrá de atribuciones para restringir o suspender libertades personales, de desplazamiento, reunión y asociación. Asimismo, las autoridades quedarán facultadas para intervenir, interceptar o registrar documentos y comunicaciones privadas, además de realizar requisiciones de bienes cuando las circunstancias operativas lo requieran. La medida busca dotar a las Fuerzas Armadas y a las policías de un marco legal robusto para el despliegue territorial en zonas de alto riesgo de criminalidad.
La reforma establece sanciones permanentes para las personas que resulten condenadas por delitos vinculados al crimen organizado o al terrorismo. Quienes sean hallados culpables quedarán inhabilitados a perpetuidad para ejercer cargos en la función pública y no podrán optar a penas sustitutivas ni a beneficios penitenciarios durante un periodo de 15 años. De igual forma, el proyecto restringe el acceso de los sancionados a beneficios o prestaciones financiadas con recursos del Estado.
El texto otorga rango constitucional a la creación de un registro oficial de organizaciones criminales y faculta al presidente de la República para declarar a una agrupación como estructura terrorista o delictiva. Para realizar dicha calificación, el mandatario requerirá un informe previo del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena). La ratificación final de esta declaración deberá ser aprobada por el Senado en sesión secreta mediante un quórum de dos tercios de sus integrantes.
El envío de esta iniciativa responde al incremento de la actividad de bandas internacionales y redes de narcotráfico que utilizan los puertos y carreteras chilenas como plataforma de almacenamiento y redistribución hacia mercados de Europa, Asia y Estados Unidos. Ante este escenario, el Ejecutivo busca consolidar herramientas jurídicas de mayor alcance para contener el avance del crimen organizado y proteger la seguridad interior del país.
(Con información de EFE y Deutsche Welle)
