El presidente de Chile, José Antonio Kast, se trasladó este jueves a la ciudad de Talca para supervisar en terreno la habilitación y proceso de poblamiento inicial del complejo penitenciario La Laguna. El operativo, catalogado como el despliegue de reubicación de reclusos de alta peligrosidad más extenso realizado por Gendarmería de Chile, forma parte central de las acciones de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) impulsada por el Ejecutivo.
Acompañado por el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado; el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau; y el titular de Justicia, Fernando Rabat, el mandatario inspeccionó los módulos de máxima seguridad del recinto. El procedimiento inicial involucró el traslado por vía terrestre desde la Región Metropolitana y otras unidades regionales de cerca de 300 internos con alto compromiso delictivo.
Desarticulación de redes delictivas en las cárceles
La estrategia gubernamental apunta a segmentar a la población penal para impedir que los cabecillas continúen dirigiendo actividades ilícitas desde el interior de las unidades penales. Entre los reclusos ingresados figuran 40 integrantes de bandas de crimen organizado, incluidos nueve líderes de estructuras criminales, además de contingentes provenientes del Centro de Detención Preventiva Santiago Sur y del penal de Cauquenes.
El traslado se concretó a través de la Ruta 5 Sur apoyado por una logística coordinada entre Gendarmería, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI). El plan de habitabilidad contempla ampliar progresivamente la capacidad instalada para habilitar cerca de 2.097 plazas penitenciarias en La Laguna, absorbiendo gradualmente a internos procedentes de recintos sobrepoblados de la zona central.
"Tenemos que lograr un cambio radical en cómo pensamos la política penitenciaria en Chile. No vamos a alcanzar la seguridad plena si es que no logramos recuperar el poder del Estado dentro de las cárceles", enfatizó Kast.
Proyectos de ley y endurecimiento del régimen penitenciario
Durante su pronunciamiento ante las autoridades locales y mandos policiales, el jefe de Estado respaldó las propuestas legislativas que buscan restringir de manera drástica los beneficios dentro de los establecimientos de alta seguridad. Entre las medidas evaluadas se incluye el uso obligatorio de uniformes para reclusos peligrosos, la eliminación del régimen de encomiendas y la implementación de visitas exclusivamente mediante locutorios blindados.
La habilitación operativa de la cárcel La Laguna representa una pieza clave en el esquema de disuasión del Estado chileno frente al fenómeno del crimen organizado. Tras la inspección de la infraestructura penal, el mandatario encabezó un Comité de Seguridad en la Delegación Presidencial Regional del Maule con el fin de afinar las políticas de prevención e inteligencia en la zona surponiente del país.
(Con información de la Prensa Presidencial de Chile)
