El Poder Ejecutivo de Chile descartó formalmente la privatización de la Corporación Nacional del Cobre de Chile. La postura del Gobierno responde a la controversia generada por una propuesta impulsada por el Partido Republicano. Las autoridades reafirmaron el carácter estratégico de la mayor empresa pública del país.
La iniciativa del sector conservador planteó vender una fracción de la propiedad para incorporar eficiencia operativa y estándares privados. La empresa enfrenta una elevada deuda financiera superior a los 26.000 millones de dólares y un estancamiento en sus niveles de producción. Los impulsores del proyecto defendieron la necesidad de oxígeno privado en la corporación.
Desde la oposición parlamentaria rechazaron categóricamente la idea de enajenar el patrimonio minero de la nación. Diversos sectores políticos calificaron la propuesta como una provocación contra la soberanía de los recursos naturales. El debate público evidenció las profundas tensiones sobre el modelo de desarrollo nacional.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sostuvo que la compañía no perderá el control estatal bajo ninguna circunstancia. El jefe de las finanzas públicas destacó el valor simbólico e histórico de la minera para el conjunto de la sociedad chilena. La administración prioriza la estabilidad institucional frente a medidas drásticas de venta de activos.
No obstante, la autoridad económica se mostró favorable a concretar alianzas estratégicas con inversores privados. El plan gubernamental busca atraer capital y capacidades técnicas mediante asociaciones puntuales sin ceder el control mayoritario. La estrategia apunta a resolver los problemas de liquidez de la firma estatal.
En la misma línea, el Ministerio de Minería confirmó la opción de vender bienes prescindibles para optimizar la estructura operativa. La dirección de la empresa evalúa enajenar activos secundarios con el fin de inyectar recursos a las divisiones principales. La disciplina fiscal guiará las decisiones financieras de la corporación.
El Ejecutivo reafirma su compromiso de modernizar la minería estatal mediante la cooperación público-privada. La superación del endeudamiento exige una gestión pragmática que asegure la rentabilidad sin comprometer la propiedad pública. La recuperación de Codelco resulta fundamental para las arcas fiscales del país.
(Con información de Infobae)
