Un reportaje periodístico de la Revista Semana ha sacudido la opinión pública en Colombia tras salir a la luz las revelaciones de Deicy Jiménez, una joven de 26 años que denunció la existencia de una red de aproximadamente 40 a 48 mujeres instrumentalizadas mediante Órdenes de Prestación de Servicios (OPS) pagadas con fondos públicos para satisfacer pretensiones personales del exmandatario Gustavo Petro.
De acuerdo con el testimonio, Jiménez entabló contacto con Petro en 2019 a través de una plataforma digital cuando este ejercía como senador de la República. La denunciante detalló que el excongresista procedió a retribuir los encuentros íntimos mediante la asignación directa de contratos estatales sostenidos durante cinco años en instituciones como el Congreso (en el equipo de la exsenadora María José Pizarro), la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior.
El núcleo central de las acusaciones expone un modus operandi sistemático en el cual decenas de jóvenes en situación de vulnerabilidad social habrían sido vinculadas a la nómina oficial para garantizar su silencio. Estas revelaciones se alinean con la reciente denuncia presentada ante el Congreso de la República por el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ríos, quien confirmó la existencia de casi medio centenar de contratistas ingresadas a la Casa de Nariño bajo dinámicas similares durante la pasada administración.
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Transporte de sustancias ilícitas y uso de recursos del Estado
Además del presunto desvío de recursos estatales para costear servicios de índole personal, la testigo confesó haber participado en el transporte de estupefacientes a solicitud directa del exmandatario. Según su declaración, recibió tres millones de pesos en efectivo para adquirir cocaína a estructuras delictivas, sustancia que posteriormente trasladó oculta en su equipaje de mano en vuelos comerciales hasta Bogotá para abastecer reuniones privadas en las que se consumían estupefacientes.
La denunciante aportó a los medios un acervo de pruebas compuesto por registros fotográficos, capturas de conversaciones a través de perfiles falsos en redes sociales y la verificación documental de los contratos públicos otorgados por las entidades mencionadas.
Exigencias de investigación judicial y garantías de seguridad
Ante la gravedad de los hechos expuestos, que configurarían delitos de abuso de autoridad, peculado, concierto para delinquir y tráfico de sustancias controladas, Jiménez solicitó la intervención inmediata de la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para esclarecer las responsabilidades penales del caso.
Asimismo, la testigo elevó una petición de resguardo e integridad al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, manifestando temer por su vida tras romper el silencio sobre el entorno de poder que rodeó a la anterior administración. La revelación reaviva el debate sobre la urgente necesidad de depurar la contratación pública y erradicar las redes de corrupción que afectaron el funcionamiento de las instituciones del Estado.
(Con información de Revista Semana)
