El Tribunal Oral de Cañete inició el histórico juicio contra veintiún integrantes de la Resistencia Mapuche Lafkenche. Los acusados enfrentan cargos sumamente graves como homicidio frustrado, robo con violencia e incendio terrorista por el asalto al Molino Grollmus. La fiscalía chilena solicitará penas que alcanzan la cadena perpetua para los adultos implicados en la planificación de esta agresión.
La investigación fiscal determinó que el sangriento atentado fue planificado minuciosamente por el líder de la agrupación radical, Federico Astete. El blanco seleccionado fue el histórico molino de la provincia de Arauco, una estructura declarada Legado Patrimonial Arquitectónico de la nación. El comando armado, que incluía a menores de edad, se equipó previamente con fusiles de guerra y chalecos antibalas para la ofensiva.
Antes de irrumpir en la propiedad, los extremistas bloquearon las vías de acceso robando vehículos a transeúntes. "Poco antes de llegar se detienen para preparar el ataque, quitándole una camioneta a un par de viejos", relató un testigo. Una vez allí, dispararon ráfagas contra la casa de los dueños, quienes intentaron defender legítimamente sus vidas. Los delincuentes usaron acelerantes para destruir el patrimonio familiar.
Durante el asalto, los atacantes actuaron con extrema crueldad al utilizar a un anciano de setenta y nueve años como escudo humano bajo el fuego cruzado. La víctima, identificada como Carlos Grollmus, recibió un disparo en las extremidades que obligó a los médicos a amputarle una de sus piernas. Asimismo, otro lugareño sufrió un impacto de bala directo que le causó la pérdida de la visión.
El Ministerio Público adelantó que presentará las declaraciones de once testigos protegidos clave durante las treinta y siete audiencias programadas. Estas declaraciones reservadas pretenden acreditar de manera indudable la participación directa de cada comunero en la acción criminal. Por su parte, la defensa buscará atenuar las penas argumentando la condición de internación provisoria para los tres menores involucrados.
Este salvaje atentado marcó un punto de inflexión en la política chilena al obligar al gobierno a reconocer la existencia del terrorismo en el sur del país. Las agrupaciones gremiales y de víctimas han exigido la aplicación de la máxima rigurosidad de la ley contra los grupos desestabilizadores violentos. La ciudadanía de la región espera que el fallo judicial sirva para restaurar el orden y la seguridad.
Las audiencias se desarrollarán de forma telemática debido a las estrictas medidas de seguridad implementadas por Gendarmería para evitar desórdenes. La comunidad internacional y los sectores conservadores chilenos siguen con atención el veredicto de este caso emblemático de violencia armada. El proceso judicial contra los integrantes de la agrupación terrorista continuará durante las próximas semanas en la Araucanía.
(Con información de Infobae)
