La Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Madrid dictó sentencia condenando a un total de 10 años y 6 meses de prisión a Enrique Antonio Salazar, quien fuera el candidato a la Alcaldía de Villanueva de la Cañada por el partido de Mónica García en las elecciones municipales de 2023. El tribunal lo halló culpable de un delito continuado de agresión sexual con penetración y de abusos sexuales contra cuatro de sus alumnas menores de edad en el instituto público Sapere Aude, donde ejercía como profesor de matemáticas.
🇪🇸‼️ | La Sección 15ª de la Audiencia Provincial de la Comunidad de Madrid ha dictado una pena de 10 años y 6 meses de cárcel para el izquierdista Enrique Antonio S. D., quien se desempeñaba como docente de educación secundaria y había formado parte de la oferta electoral de 2023… pic.twitter.com/tXHhjnt7aV
— UHN Plus (@UHN_Plus) June 12, 2026
La resolución judicial describe un escenario de absoluto horror y abuso de poder. La pena principal, que asciende a 9 años de cárcel, corresponde a la agresión sexual con acceso carnal cometida contra una de las estudiantes cuando esta tenía apenas 15 años, a quien el docente llegó a encerrar en un aula para consumar la violación.
El ensañamiento y la presión psicológica infligida por el cargo de Más Madrid destruyeron por completo la vida de la víctima: la menor sufrió un severo trastorno de ansiedad, depresión y un trastorno de personalidad que la obligaron a pasar por hasta ocho ingresos hospitalarios en unidades de psiquiatría, forzándola a cambiarse de centro e incluso a modificar legalmente su nombre a "Minerva" para intentar borrar las evocaciones del trauma. Tras años de calvario y aplazamientos judiciales, la joven se quitó la vida en agosto de 2025 al manifestar a su familia la total imposibilidad de seguir adelante.
Los informes de los psicólogos forenses citados en el dictamen vinculan de manera directa y unívoca el suicidio de la joven con las gravísimas secuelas derivadas de la agresión. El comportamiento criminal de Salazar, según constataron los magistrados, seguía un patrón discriminatorio y depredador, caracterizado por un trato físico excesivo, tocamientos, caricias en los muslos y susurros al oído dirigidos exclusivamente a las alumnas, mientras mantenía un distanciamiento absoluto con los chicos.
Las otras tres víctimas de la causa, de cuyos abusos se desprenden el año y medio restante de condena, describieron una atmósfera asfixiante de miedo e incomodidad, revelando que el docente utilizaba herramientas escolares digitales como Google Classroom para enviarles mensajes inapropiados durante las vacaciones de Navidad.
El escándalo adquiere una dimensión política de extrema gravedad al confirmarse que Más Madrid situó a Salazar como el máximo representante de su candidatura municipal cuando los aberrantes hechos ya se habían consumado durante el curso 2019/2020. Además, el agresor concurrió a los comicios contando con antecedentes penales (técnicamente cancelados) por haber abusado en el pasado de otra menor de tan solo 13 años.
Aunque fuentes del partido alegaron que la candidatura fue retirada tras el conocimiento público de las denuncias, la presencia del agresor en las listas evidencia la absoluta falta de control y rigor en los filtros de la formación progresista a la hora de seleccionar a sus cargos públicos.
Aparte de la pena privativa de libertad, el fallo judicial impone al exdirigente de izquierdas una inhabilitación especial de 13 años para cualquier profesión que implique contacto con menores (el condenado seguía entrenando a niños al baloncesto), 17 años de libertad vigilada y severas órdenes de alejamiento respecto a las tres supervivientes.
En materia económica, se le condena a pagar indemnizaciones que suman 59.000 euros, de los cuales 50.000 irán destinados directamente a la familia de Minerva en concepto de reparación por los irreparables daños morales causados. La sentencia dictada no es firme y admite recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, mientras la opinión pública exige responsabilidades políticas inmediatas ante la gravedad de la herencia criminal oculta por la izquierda madrileña.
(Con información de ABC y Libertad Digital)
