La Organización Europea del Consumidor (BEUC) concluyó que los ajustes de Meta en 2026 no solucionan el problema del consentimiento. La plataforma obliga a elegir entre una suscripción mensual o la entrega masiva de información personal para publicidad dirigida. Esta práctica vulnera el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea.
El director de BEUC, Agustín Reyna, criticó que la empresa solo aplica cambios cosméticos sin ofrecer una opción real y justa. La organización sostiene que el diseño de las opciones y el lenguaje no neutral empujan a los usuarios al rastreo. Aseguran que los consumidores carecen de información inequívoca para dar un consentimiento verdaderamente libre e informado.
La Comisión Europea ya declaró ilegal el enfoque previo en abril de 2025 al no ofrecer alternativas equivalentes menos invasivas. Pese a las advertencias, Meta mantiene un sistema binario que condiciona el servicio gratuito a la renuncia de la privacidad. Los defensores del consumidor exigen ahora que Bruselas imponga multas periódicas para forzar el cumplimiento.
BEUC presentó denuncias ante la red de Protección del Consumidor por presuntas prácticas comerciales desleales en sus términos. Sospechan que Meta utiliza "patrones oscuros" en su interfaz para confundir a las personas y facilitar la recolección de datos. El objetivo es garantizar que el usuario no sea rastreado sin sufrir penalizaciones económicas.
El modelo de enero de 2026 sigue permitiendo a Meta combinar datos de diversas fuentes para perfilar usuarios de forma agresiva. Los consumidores reclaman poder usar redes sociales sin anuncios personalizados y sin pagar una cuota obligatoria. La resolución de este conflicto marcará un precedente sobre el valor de la privacidad en la economía digital.
La presión aumenta mientras las autoridades nacionales analizan si el procesamiento de información infringe derechos fundamentales de la ciudadanía. Si la Comisión actúa con firmeza, la tecnológica podría verse obligada a rediseñar totalmente su modelo de negocio europeo. Por ahora, el pulso legal entre Meta y los organismos de defensa se mantiene en alta tensión.
Expertos legales advierten que Meta podría enfrentar sanciones equivalentes al 10% de su facturación global si persiste en el incumplimiento. Esta medida punitiva busca disuadir a otras grandes tecnológicas de implementar sistemas que restrinjan la libertad de elección del usuario. La justicia europea evaluará en los próximos meses la validez jurídica de estas suscripciones de privacidad.
