La dictadura cubana sentenció a seis ciudadanos de Manicaragua, provincia de Villa Clara, a penas de cinco y seis años de prisión por participar en protestas pacíficas frente a la sede del Gobierno municipal, exigiendo el restablecimiento de la electricidad. Las manifestaciones, que incluyeron “toques de calderos” (cacerolas) para reclamar por los constantes apagones, tuvieron lugar el 20 de octubre de 2024, según informó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).
El Tribunal Provincial de Villa Clara emitió la sentencia C-7-25, acusando a los manifestantes de delitos como “propaganda contra el orden constitucional” y “desórdenes públicos”. José Águila Ruiz recibió seis años de prisión por el primero de estos cargos, mientras que Raymond Martínez Colina y Carlos Hurtado Rodríguez también fueron condenados a seis años por “desórdenes públicos”. Por su parte, Osvaldo Agüero Gutiérrez, Narbiel Torres López (de 18 años) y Yoan Pérez Gómez enfrentan cinco años de cárcel por el mismo delito, junto con sanciones adicionales como la privación de derechos políticos y la prohibición de salir del país.
Detalles de la protesta
La sentencia describe que más de 100 personas se reunieron frente a la Asamblea Municipal del Poder Popular en Manicaragua para exigir electricidad. Los manifestantes realizaron “toques de calderos y otros objetos metálicos” para generar ruido, ocuparon la calle interrumpiendo el tráfico y gritaron “Queremos corriente”. Según el tribunal, estas acciones “afectaron la tranquilidad ciudadana” y buscaban “apabullar a los funcionarios”. Específicamente, se señaló a Torres López por accionar un claxon, a Martínez Colina por golpear un objeto metálico y a Hurtado Rodríguez por emitir ruidos similares, mientras que los otros acusados hacían demandas con “gritos y gestos”.
Críticas del Observatorio Cubano de Derechos Humanos
El OCDH calificó la sentencia como “un fraude” destinado a criminalizar la protesta cívica y reprimir los derechos humanos. La organización denunció que la resolución viola las garantías del debido proceso y el principio de legalidad, al carecer de pruebas legales y objetivas que justifiquen las condenas. “La ausencia de delito debidamente probado debería haber resultado en la absolución de los acusados y su inmediata libertad”, afirmó el observatorio, destacando que los manifestantes han estado ilegalmente privados de libertad desde octubre de 2024.
El OCDH señaló graves irregularidades en el proceso judicial, como la falta de un método claro para la identificación de los acusados en una multitud de más de 100 personas, lo que cuestiona la fiabilidad de las pruebas. Además, criticó la parcialidad del tribunal por dar prioridad automática a los testimonios de funcionarios del Ministerio del Interior (MININT) y del gobierno local, lo que compromete la imparcialidad judicial. La sentencia también omite explicar el nexo causal entre las acciones de los manifestantes y la supuesta afectación al orden público, y utiliza un lenguaje políticamente sectario, como “personas desafectas a la revolución” o “medios enemigos”, que desvirtúa el análisis jurídico.
El OCDH subrayó que el fallo busca limitar las libertades de expresión y manifestación, anulando los derechos constitucionales de queja y petición. La organización alertó que estas condenas reflejan un recrudecimiento de la represión en Cuba como respuesta a los problemas sociales, en un contexto de crisis energética que ha desencadenado protestas ciudadanas.
