El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, lanzó un ultimátum de siete días al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Justicia para coordinar el sometimiento a la justicia de Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, señalado máximo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). A través de un mensaje público difundido en sus canales oficiales, el mandatario precisó que la postura del Estado frente a la delincuencia organizada no contempla concesiones políticas, prórrogas ni pliegos de peticiones especiales por parte de los grupos armados al margen de la ley.
La directriz gubernamental ordena al ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, y al ministro de Justicia, Iván Cancino, estructurar el mecanismo operativo para la entrega del procesado en el lapso fijado. Sin embargo, la Presidencia dejó sentado que, si transcurrido el plazo el cabecilla rehúsa someterse a las autoridades y continúa en la clandestinidad combatiendo a las instituciones, la Fuerza Pública tiene la orden explícita de neutralizarlo mediante el uso legítimo de la fuerza. La decisión sigue a la reciente baja en combate de alias ‘Bendito Menor’, otro relevante comandante del grupo paramilitar en La Guajira.
El ultimátum del Gobierno nacional surge tras una entrevista concedida por Castillo Carrillo desde la clandestinidad a la revista Semana, en la cual condicionó su entrega a la aprobación legislativa de un marco normativo de sometimiento que le garantizara una condena máxima de cinco años de prisión. Sobre alias ‘Pinocho’ pesa una orden de captura en territorio colombiano por el homicidio de un líder social y un pedido formal de extradición por cargos de narcotráfico hacia Estados Unidos. El pasado 26 de agosto, el gobierno de De la Espriella firmó la extradición del cabecilla y de su hermano, Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias ‘Muñeca’, actualmente recluido en la cárcel La Picota.
De acuerdo con las investigaciones de inteligencia militar, las ACSN cuentan con un despliegue operacional de aproximadamente 800 hombres en los departamentos de Magdalena y La Guajira, financiando sus actividades mediante la extorsión al sector turístico, el cobro de peajes a redes del narcotráfico hacia los puertos de Santa Marta y el control territorial.
(Con información de El Colombiano y La FM)
