Un distrito escolar de clase alta en Connecticut ha quedado bajo la lupa del Departamento de Justicia tras una denuncia federal presentada este viernes. La organización America First Legal, vinculada al subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, acusa al Distrito Escolar Regional No. 5 de Amity de permitir que los estudiantes oculten su condición de personas transgénero a sus propios padres, una práctica que califican como una subversión ilegal de la autoridad familiar.
La demanda sostiene que el distrito ha manipulado la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA) para justificar el secretismo. Según los denunciantes, mientras la ley está diseñada para proteger los expedientes de terceros ajenos, el distrito la utiliza erróneamente para excluir a los padres, quienes son los titulares principales de los derechos educativos y de salud de sus hijos menores de edad.
“La ley FERPA restringe la divulgación de expedientes a terceros; no a los padres. El distrito ha adoptado una postura que tergiversa el significado de la ley para desplazar a la familia del centro de la educación”, afirmó America First Legal en su presentación judicial.
La política actual del distrito de Amity prohíbe explícitamente al personal divulgar información que revele la identidad de género de un estudiante a sus tutores legales sin consentimiento del menor. Además, instruye a los maestros a utilizar nombres y pronombres "elegidos" en la escuela, mientras mantienen el nombre legal en las comunicaciones con el hogar para evitar que los padres se enteren de la transición social de sus hijos.
Esta ofensiva legal se produce bajo el amparo de la nueva directiva de la administración Trump, que mediante orden ejecutiva prohíbe el uso de fondos federales para la promoción de la ideología de género. El abogado principal de la demanda, Ian Prior, enfatizó que es necesaria la intervención federal inmediata para revocar estas políticas que consideran "claramente ilegales" y restaurar el rol fundamental de los padres en la crianza.
“Los padres son quienes toman las decisiones principales sobre sus hijos. Se requiere que el gobierno federal intervenga para restablecer el papel que les corresponde y asegurar que las escuelas no actúen como agentes de adoctrinamiento a espaldas de las familias”, declaró Prior en un comunicado.
El precedente legal favorece a los demandantes ya que el pasado mes de marzo, la Corte Suprema ratificó un fallo que determina que ocultar la identidad de género de un estudiante a sus padres viola probablemente la 14ª Enmienda de la Constitución. Basándose en esto, la denuncia exige no solo la revocación de la política, sino también sanciones que podrían incluir la retirada total de la financiación federal para el distrito de Connecticut.
