En un despliegue policial coordinado, los cuerpos de seguridad de España desmantelaron el pasado sábado una trama criminal dedicada al tráfico ilegal de sustancias estupefacientes y productos farmacéuticos bajo prescripción médica controlada. El epicentro de las intervenciones se localizó en la provincia de Pontevedra, Galicia, donde agentes antidroga irrumpieron en un chalé de la localidad de Vilaboa que funciona oficialmente como la sede de la Asociación Cubano-Gallega Haydée Santamaría.
El operativo concluyó con la detención de nueve personas, de las cuales tres han recibido órdenes de ingreso inmediato en prisión por parte de las autoridades judiciales, incluyendo a la ciudadana de origen cubano que ejerce la presidencia de la agrupación. La inspección del inmueble reveló lo que los mandos del cuerpo policial describieron como una “barbaridad” y una cantidad desproporcionada de productos clínicos destinados al abastecimiento del mercado negro local e internacional.
El teniente jefe de los Equipos de Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil de Pontevedra confirmó el decomiso masivo de aproximadamente 2,000 blísteres pertenecientes a más de 150 tipos de fármacos distintos. Entre el material incautado destacan psicotrópicos, antidepresivos y benzodiacepinas de estricta regulación médica como Rivotril, Lexatin y Lyrica, sustancias altamente codiciadas en los canales de distribución clandestina.
Más allá del hallazgo de los compuestos farmacéuticos, el registro arrojó evidencias de actividades de narcotráfico clásico a gran escala. En el búnker de la organización se incautó un cargamento superior a los cinco kilogramos de cocaína de alta pureza, así como alijos de hachís y numerosas cajetillas de tabaco de contrabando. Adicionalmente, la peligrosidad de la banda quedó de manifiesto tras el hallazgo de seis escopetas y armas de fuego provistas de munición, junto a una suma en efectivo que supera los 30,000 euros en billetes ocultos en diversas estancias de la vivienda.
Frente a las graves acusaciones por delitos contra la salud pública y tenencia ilícita de armas, el entorno civil y las personas vinculadas a la asociación alegaron en su defensa que los fármacos confiscados correspondían a donaciones civiles y ayuda humanitaria recolectada para mitigar la escasez en Cuba. No obstante, los investigadores de la Guardia Civil descartan la hipótesis benéfica y sospechan que el destino real del inventario era el lucro criminal.
Los portavoces del EDOA explicaron que el modus operandi consistía en vender las benzodiacepinas de forma directa a drogodependientes de la península, tanto mediante transacciones en línea como en el propio domicilio, sin descartar líneas de exportación clandestina al extranjero. La estructura interna de la organización funcionaba a través de dos células activas y coordinadas dentro de una misma red familiar y delictiva.
Los informes implican directamente como cabecillas de la trama a la presidente de la entidad caribeña y a otro líder del grupo criminal, además de vincular formalmente al hijo de la investigada, quien ya se encuentra privado de libertad cumpliendo condena por un delito previo. Aunque las autoridades judiciales mantienen bajo estricta reserva de sumario la identidad de la actual presidente arrestada, los estatutos fundacionales de la asociación de 2014 identifican a Jamari Llanes Valdés, natural de Morón, como la directiva original del colectivo.
La Asociación Cubano-Gallega Haydée Santamaría inició sus operaciones públicas en 2014 bajo el registro oficial del Ayuntamiento de Vilaboa, estatus formal que perdió en el año 2020 según las bases de datos locales. En sus plataformas digitales, el colectivo declaraba promover la integración de migrantes y la cultura caribeña, manifestándose activamente en contra del embargo estadounidense. No obstante, sus perfiles en redes sociales mostraban una marcada línea de propaganda procastrista dedicada a defender la gestión del dictador Miguel Díaz-Canel.
Actualmente, los implicados que fueron capturados en los siete registros permanecen bajo custodia en dependencias policiales a la espera de ser puestos a disposición judicial. La fiscalía se encuentra ultimando los detalles para la presentación de los cargos formales ante el correspondiente juzgado de instrucción de Pontevedra.
(Con información provista por las agencias Periódico Cubano y Diario de Cuba)
