En una operación de contrainteligencia táctica, las autoridades federales de los Estados Unidos han desmantelado un pasadizo transfronterizo oculto en el sur de California. La infraestructura ilegal operaba en el subsuelo de un supuesto comercio de descuentos denominado "Buy 4 Less", ubicado estratégicamente en las inmediaciones del Puerto de Entrada de Otay Mesa, en San Diego, conectando de forma directa con la ciudad fronteriza de Tijuana, México.
El pasadizo, catalogado por los cuerpos de seguridad como una obra de ingeniería de alta sofisticación, contaba con instalaciones completas de energía eléctrica, sistemas de ventilación industrial, paredes reforzadas para evitar derrumbes y una red de rieles para el transporte rápido de cargamentos ilícitos.
El túnel clandestino presentaba una longitud estimada de 1,933 pies (aproximadamente 589 metros), una altura interior de 4.5 pies y discurría a una profundidad de 55 pies bajo la superficie. De acuerdo con los datos técnicos provistos por el Departamento de Justicia (DOJ), la excavación se extendía por poco más de 1,000 pies dentro del territorio estadounidense antes de cruzar la línea fronteriza y continuar otros 800 pies en suelo mexicano.
El acceso secreto a esta colosal vía de contrabando se encontraba meticulosamente camuflado debajo del suelo de un cuarto de almacenamiento en la parte trasera del establecimiento comercial falso. El descubrimiento de la construcción fue el resultado de una investigación exhaustiva de varios meses liderada por el Grupo de Trabajo sobre Túneles de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).
Las alarmas de los agentes federales se encendieron en diciembre de 2025, tras detectar la incorporación de un nuevo y sospechoso grupo de supuestos empleados en el local de "Buy 4 Less". Los analistas de inteligencia determinaron que el flujo operativo del lugar no se correspondía en absoluto con las dinámicas de un comercio minorista normal, evidenciando una alarmante escasez de clientes reales y un tránsito peatonal mínimo.
En su lugar, los agentes observaron que los supuestos dependientes desplegaban actividades inusuales, tales como el traslado constante de maletas que, por la ligereza de su manejo, aparentaban estar completamente vacías. Estas piezas de equipaje eran transportadas de forma regular a través de la frontera hacia Tijuana, ya fuera en vehículos particulares o a pie, como parte de la estrategia logística de la organización para coordinar los envíos.
El despliegue operativo de captura se desencadenó el pasado 29 de mayo, cuando los agentes de vigilancia detectaron el traslado de objetos de gran tamaño y peso desde el interior de la tienda falsa hacia una furgoneta blanca. Las autoridades siguieron el vehículo hasta que se estacionó a corta distancia, momento en el que un individuo en bicicleta se aproximó, extrajo una llave oculta cerca de la tapa del combustible y condujo la furgoneta para posicionarla junto a otro vehículo de carga. Un camión de grandes dimensiones se unió a la escena para realizar una transferencia rápida de paquetes de droga ocultos en el interior de congeladores industriales.
Ante la flagrancia del movimiento, los agentes del Sheriff del Condado de San Diego y las fuerzas operativas federales interceptaron los vehículos en plena vía pública. De manera simultánea, los equipos de asalto detuvieron a un segundo camión que salía del estacionamiento del "Buy 4 Less" tras haber sido cargado con bultos similares. Las inspecciones vehiculares exhaustivas arrojaron un saldo total de 2,270 libras de cocaína (equivalentes a más de una tonelada), cuyo valor en el mercado negro asciende a más de 45 millones de dólares. El decomiso masivo aportó los indicios jurídicos necesarios para solicitar de urgencia una orden de registro contra el local, lo que condujo al hallazgo definitivo de la trampilla del túnel.
La acción judicial se ha saldado con el procesamiento de cuatro personas directamente implicadas en la operación de contrabando. Entre los detenidos se encuentran dos ciudadanos estadounidenses residentes de San Diego: Gregorio Epifanio Hernández López, de 29 años, y José Jiménez, de 32; junto a dos ciudadanos de nacionalidad mexicana identificados como Antonio Cortez, de 18 años, y Brandon Escalante Sandoval, de 26. Kevin Murphy, agente especial a cargo de la oficina del HSI en San Diego, confirmó que esta operación representa un golpe estratégico de enorme magnitud contra las finanzas y la capacidad logística del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal dueña del cargamento incautado.
Los cuatro acusados enfrentan cargos federales por distribución de sustancias controladas, un delito que estipula una pena máxima de cadena perpetua y sanciones económicas que pueden alcanzar los 10 millones de dólares. Adicionalmente, sobre Gregorio Epifanio Hernández López pesan cargos agravados por la construcción, financiamiento y uso de túneles no autorizados, así como por la importación de sustancias prohibidas hacia los Estados Unidos. Los imputados permanecen bajo custodia federal a la espera de sus comparecencias ante los tribunales de la Corte del Distrito Sur de California.
(Con información de New York Post y CBS News)
