La Justicia Federal de Venado Tuerto dictó una medida de prisión preventiva por un plazo de 90 días contra el cardiólogo Martín Andrada y el enfermero Martín P., tras considerarlos los principales sospechosos en una trama criminal que sacude al sistema sanitario de la provincia de Santa Fe, Argentina.
La resolución fue adoptada por el juez Aurelio Cuello Murua tras una audiencia en la que los fiscales federales Federico Reynares Solari y Daniela Ghiorzi presentaron la imputación formal. La investigación avanza a contrarreloj en dos frentes simultáneos: el desvío y suministro ilegítimo de potentes narcóticos y una megaestafa millonaria perpetrada contra la obra social de los jubilados.
El caso se desencadenó tras un allanamiento ejecutado por la Policía Federal Argentina en una vivienda compartida por ambos imputados en la localidad de Wheelwright. Durante la inspección del inmueble, las fuerzas de seguridad descubrieron una caja fuerte oculta en cuyo interior se almacenaban 243 ampollas de fentanilo utilizadas y 50 ampollas de morfina intactas.
Las autoridades procedieron al decomiso inmediato de las sustancias debido a que carecían de los registros de trazabilidad y las autorizaciones terapéuticas exigidas por la ley para el manejo de estupefacientes controlados. Además del alijo de opioides sintéticos, los uniformados incautaron una cantidad de insumos hospitalarios y material quirúrgico de procedencia dudosa, entre los que destacaban bisturíes, vacunas inyectables y un amplio vademécum de fármacos de uso restringido como diazepam, ketorolaco, dexametasona y penicilina.
La variedad y el volumen de la carga médica incautada motivaron la apertura inmediata de un expediente penal paralelo. Los fiscales imputaron formalmente a Andrada y a su acompañante por los delitos de suministro y almacenamiento indebido de estupefacientes fuera del marco legal, sumado al cargo de ejercicio ilegal de la medicina.
A pesar de la gravedad del hallazgo de las drogas, la investigación criminal no estuvo ligada originalmente al narcotráfico, sino a un mecanismo de fraude contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI). La Unidad Fiscal de Investigaciones especializada (UFI-PAMI) recibió reiteradas denuncias de afiliados que detectaron en sus cartillas médicas servicios y estudios de alta complejidad a sus nombres que jamás habían solicitado ni recibido.
El entrecruzamiento de datos expuso una maniobra de sobrefacturación que superaría la cifra de 700 millones de pesos argentinos. La auditoría técnica coordinada por los fiscales Soledad García, Andrés Montefeltro y Virginia Sosa desnudó la actividad del cardiólogo. Según los registros electrónicos del PAMI, Martín Andrada llegó a asentar en el sistema informático la atención fraudulenta de más de 5.000 afiliados y la realización de unas 50.000 prácticas médicas, incluyendo electrocardiogramas y monitoreos Holter, en un período de apenas dos años.
Los investigadores verificaron que decenas de los supuestos pacientes residían en provincias lejanas y ni siquiera conocían al profesional, quien ya había logrado cobrar de forma directa unos 580 millones de pesos provenientes de las arcas del organismo de seguridad social. Con los dos imputados tras las rejas de forma preventiva para neutralizar cualquier peligro de fuga, las autoridades judiciales se concentran ahora en analizar los teléfonos móviles y las computadoras incautadas en el búnker de Wheelwright. En los próximos días, el cardiólogo Martín Andrada deberá comparecer nuevamente ante los tribunales federales para responder de forma específica por la estafa millonaria.
(Con información de Infobae y Noticias El Trébol)
