Un grupo de diez Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha protestado frente a las intenciones expuestas por el dictador nicaragüense Daniel Ortega de suprimir las elecciones e imponer una reforma constitucional orientada a proscribir a las fuerzas de oposición. Las naciones firmantes alertaron sobre el grave deterioro institucional y el abierto atropello a los principios democráticos fundamentales en la nación centroamericana.
La postura fue respaldada conjuntamente por Antigua y Barbuda, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Jamaica, República Dominicana y Uruguay. En el comunicado, los gobiernos participantes señalaron que la alternancia democrática requiere de pluralismo genuino, procesos electorales transparentes y un marco irrestricto de salvaguarda para los derechos civiles de la ciudadanía.
Esta ofensiva responde a los discursos emitidos desde Managua, donde Ortega copreside el Ejecutivo junto a su esposa Rosario Murillo. Durante un acto público el pasado 19 de julio, el mandatario afirmó que en su país "no volverá a haber elecciones" para impedir el ascenso de sus detractores al poder, una premisa matizada por el presidente de la Asamblea Nacional, el sandinista Gustavo Porras, quien planteó restringir constitucionalmente la participación a quienes el régimen catalogue como "traidores a la patria".
El pronunciamiento se produce en la antesala de la sesión extraordinaria convocada por el Consejo Permanente de la OEA en su sede de Washington D. C., con el objetivo de evaluar la reactivación de los mecanismos de consulta de cancilleres del continente. Aunque Nicaragua completó en 2023 su salida formal de la organización hemisférica y carece de representación oficial en las sesiones, la comunidad internacional insiste en que el Estado nicaragüense sigue estando obligado a cumplir con los tratados de derechos humanos que ratificó soberanamente.
Los Estados firmantes hicieron un llamado urgente a las autoridades de Managua para frenar el desmantelamiento definitivo del orden constitucional y garantizar la libre participación política. La resolución adoptada busca aislar de forma diplomática la maniobra de la tiranía sandinista y reafirmar la vigencia del sistema interamericano como defensor innegociable de las libertades públicas.
(Con información de Infobae)
