En una declaración oficial, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, fustigó las recientes maniobras legislativas ejecutadas por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. El jefe de la diplomacia estadounidense denunció que la Asamblea Nacional, calificada como un órgano cautivo al servicio del régimen, aprobó una nueva reforma a la Carta Magna destinada a erosionar la ficción democrática del país y consolidar de forma indefinida un modelo dinástico ilegítimo que priva a los ciudadanos de comicios transparentes.
El Departamento de Estado remarcó que las dictaduras que conculcan de manera sistemática los derechos inalienables de sus pueblos no deben continuar disfrutando de las mismas prerrogativas políticas y económicas que los gobiernos comprometidos con la paz hemisférica. Ante esto, la administración estadounidense urgió a la comunidad internacional y a sus socios regionales a paralizar de inmediato cualquier tipo de operación o intercambio comercial habitual con el régimen nicaragüense para evitar el financiamiento de su aparato represivo.
Washington enfatizó que la arremetida de Murillo y Ortega contra la institucionalidad no solo ahonda la crisis humanitaria interna, sino que representa una amenaza directa a la seguridad, la estabilidad y la prosperidad de todo el hemisferio. La administración del presidente Donald Trump ratificó su determinación de coordinar e implementar medidas de presión adicionales en foros multilaterales clave, como la Organización de los Estados Americanos (OEA), para sancionar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Managua.
El Gobierno de Estados Unidos reiteró su compromiso con la población de Nicaragua, haciendo hincapié en que la soberanía reside exclusivamente en los ciudadanos y en su derecho soberano a elegir democráticamente el rumbo de su nación. La diplomacia estadounidense aseguró que mantendrá el cerco de sanciones sobre los agentes del régimen hasta que se restablezcan las garantías constitucionales, la libertad de los presos políticos y el retorno efectivo a la democracia en el país centroamericano.
(Con información del Departamento de Estado y Marco Rubio)
