El gobierno de Ecuador anunció este domingo su total disposición para colaborar con los Estados Unidos en las investigaciones judiciales derivadas de la deportación del criminal colombiano Alex Saab a territorio norteamericano. El ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, ratificó que el país andino proveerá todos los paquetes de inteligencia necesarios para identificar y procesar a los actores políticos locales que participaron en el entramado de lavado de dinero de la dictadura de Nicolás Maduro.
Tras confirmarse el aterrizaje de Saab en Miami bajo la custodia estricta de la DEA, Reimberg advirtió que las confesiones del testaferro chavista ante las cortes federales sembrarán el pánico entre múltiples exfuncionarios de la región que operaron bajo el amparo de la impunidad criminal.
Las autoridades de Quito enfatizaron que el esquema delictivo montado por el delincuente internacional funcionó gracias a la complicidad estructural entre el régimen de Maduro y la pasada gestión de Rafael Correa. El ministro del Interior afirmó ante los medios de comunicación que Saab no solo resguardó las fortunas malversadas de la cúpula caraqueña, sino que sirvió como testaferro de diversos líderes políticos de izquierda en el continente americano.
El principal nexo de la corporación criminal de Saab con la nación ecuatoriana se concentró en la firma Foglocons, una empresa fachada constituida en Guayaquil para desviar millonarios recursos públicos. Una investigación exhaustiva de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional determinó que la compañía obtuvo contratos ficticios en 2011 con el régimen de Caracas para la supuesta construcción de viviendas populares.
Las transacciones multimillonarias del esquema de lavado se canalizaron a través del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre), un mecanismo financiero impulsado por la alianza del ALBA. El expediente legislativo, promovido por el asesinado excandidato presidencial Fernando Villavicencio, demostró que esta plataforma de pago virtual fue instrumentalizada por las dictaduras regionales para mover fondos de origen delictivo evadiendo los controles bancarios occidentales.
Aunque la Fiscalía General intentó procesar a los responsables de Foglocons, el sistema judicial ecuatoriano anuló de manera sospechosa el caso en 2016, un hecho que la fiscal general Diana Salazar denunció posteriormente como un acto de abierta corrupción judicial.
La llegada de Saab al sistema penitenciario estadounidense reactiva los expedientes de enriquecimiento ilícito mediante la adjudicación fraudulenta de contratos estatales de alimentación y construcción. El Departamento de Justicia norteamericano busca desarticular la totalidad de las redes logísticas que el empresario colombiano coordinaba para evadir las sanciones financieras de la Casa Blanca contra el chavismo.
(Con información de EFE)
