El Tribunal de Garantías Penales de Ecuador dispuso este jueves la aprehensión del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz tan pronto reciba el alta médica del centro hospitalario en Guayaquil donde permanece internado. La decisión busca garantizar la presencia física del exjefe de Estado para la reinstalación de la audiencia y lectura de la sentencia de primera instancia, la cual ha tenido que postergarse por seis ocasiones consecutivas debido a ausencias, recurrencias hospitalarias y maniobras dilatorias de la defensa.
Para evitar nuevas interrupciones procesales, el colegiado judicial ordenó al Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional mantener un dispositivo de vigilancia permanente en las inmediaciones del centro clínico. La fiscal del caso, Lidia Sarabia, cuestionó la reiteración de las suspensiones e instó a investigar las anomalías denunciadas por los efectivos policiales, quienes informaron fallas e impedimentos de acceso por parte del personal del hospital para verificar directamente el estado de salud del procesado.
El expediente judicial se remonta a la emergencia sanitaria de 2020, cuando la Fiscalía General del Estado identificó una red criminal dedicada al acopio y comercialización irregular de 21.000 pruebas rápidas de detección de COVID-19, mascarillas y lancetas. De acuerdo con la acusación fiscal, los implicados utilizaron vehículos institucionales y credenciales falsas de organismos como la DEA para movilizar el material médico, el cual fue almacenado en la residencia particular de Bucaram en Guayaquil tras pagos en efectivo realizados por su hijo, Jacobo Bucaram.
Ante las reiteradas hospitalizaciones del exmandatario que han dejado paralizado el juicio iniciado formalmente en abril de 2023, el tribunal resolvió solicitar al Ministerio de Salud Pública una auditoría integral sobre los informes médicos emitidos por las clínicas privadas. La medida busca determinar la veracidad de los diagnósticos presentados y descartar una eventual figura de obstrucción a la justicia, al tiempo que el Consejo de la Judicatura inició acciones disciplinarias para revisar la conducción del proceso y prevenir la prescripción de los delitos.
Las autoridades judiciales ratificaron que la orden de aprehensión no presupone una condena anticipada contra Abdalá Bucaram, sino la aplicación estricta del marco legal para notificar el fallo de primera instancia. Tras la evacuación de más de 50 testimonios, peritajes y evidencias documentales, las instituciones de justicia en Ecuador buscan cerrar este proceso emblemático y enviar una señal categórica contra los delitos de corrupción que afectaron los recursos públicos en periodos de crisis nacional.
(Con información de Infobae y DW)
