El ejército de Estados Unidos ha iniciado el despliegue de más de 4.000 marines y marineros hacia las aguas que rodean América Latina y el Caribe, como parte de una intensificación de esfuerzos para combatir a los carteles de drogas transnacionales. Esta medida, confirmada por funcionarios de defensa a medios estadounidenses, representa una demostración significativa de fuerza militar que proporciona al presidente Donald Trump una amplia gama de opciones operativas en caso de decidir acciones directas contra estas organizaciones criminales, responsables de gran parte del tráfico de narcóticos hacia Norteamérica.

El despliegue involucra al Grupo Anfibio Listo Iwo Jima (ARG) y la 22ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU), que se dirigen al área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), el mando militar encargado de operaciones en América Latina, el Caribe y las aguas adyacentes al sur de México. Este reposicionamiento de activos ha estado en marcha durante las últimas tres semanas e incluye un submarino de ataque de propulsión nuclear, aviones de reconocimiento P-8 Poseidon adicionales, varios destructores y un crucero lanzamisiles. La Marina de Estados Unidos anunció el viernes el despliegue de los buques USS Iwo Jima, USS Fort Lauderdale y USS San Antonio, sin especificar inicialmente su destino, aunque ahora se confirma que apoyarán misiones en SOUTHCOM durante varios meses.

Un funcionario familiarizado con el asunto indicó que estos recursos adicionales están dirigidos a contrarrestar amenazas a la seguridad nacional provenientes de organizaciones narco-terroristas designadas en la región, como los carteles mexicanos y venezolanos que operan rutas marítimas para el contrabando de cocaína y fentanilo. Por el momento, el enfoque principal es disuasivo, enviando un mensaje claro a los carteles sobre la presencia estadounidense reforzada, pero también habilita capacidades para interdicciones, evacuaciones o apoyo a aliados locales si se ordena.

Este movimiento se alinea con una directiva firmada por el secretario de Defensa Pete Hegseth a principios de año, que establece como prioridad máxima la defensa del territorio nacional, incluyendo el sellado de fronteras contra migración irregular masiva, tráfico de narcóticos y actividades criminales asociadas. El memo también solicita opciones militares creíbles para garantizar el acceso ininterrumpido al Canal de Panamá, una vía estratégica para el comercio global controlada por Panamá pero vital para intereses estadounidenses. En marzo, destructores ya se habían posicionado cerca de la frontera México-Estados Unidos para apoyar al Comando Norte (NORTHCOM) en seguridad fronteriza.

Preocupaciones internas han surgido entre algunos funcionarios de defensa respecto al rol de los marines en operaciones antidrogas, ya que su entrenamiento se centra más en combate convencional y misiones humanitarias que en interdicciones marítimas, donde la Guardia Costera suele liderar. En caso de involucrarse, los marines dependerían de apoyo de esa agencia. Históricamente, las MEU han participado en evacuaciones a gran escala, como en el Mediterráneo oriental durante tensiones entre Israel, Hamás e Irán.

Este despliegue se suma a acciones previas, como el envío de boinas verdes del Ejército estadounidense a México en febrero de 2025 para entrenar unidades élite de la marina local en operaciones contra carteles. La administración Trump ha designado a ciertos carteles como organizaciones terroristas, permitiendo sanciones y posibles strikes militares, aunque expertos señalan desafíos logísticos y diplomáticos que podrían limitar su efectividad, incluyendo riesgos de escalada con gobiernos soberanos en la región.

Reacciones internacionales han sido inmediatas: la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum enfatizó el principio de autodeterminación nacional en respuesta al despliegue, mientras que analistas destacan que podría tensar relaciones con países como Venezuela y Colombia, donde los carteles operan con impunidad en vastas áreas rurales y costeras. SOUTHCOM ha liderado operaciones antidrogas por décadas, como la Operación Martillo, que interceptó miles de toneladas de drogas en el Pacífico y Caribe, pero este aumento representa uno de los más significativos bajo la actual administración.

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