La administración del presidente Donald Trump propuso este jueves un paquete de regulaciones federales orientadas a revocar la exención de impuestos a las escuelas y universidades privadas que mantengan el uso de criterios raciales en sus procesos de admisión, asignación de becas o programas institucionales. La medida, formulada por el Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos (IRS), constituye un paso decisivo en la estrategia del Gobierno federal para desmantelar las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) dentro del sistema educativo norteamericano.
La normativa propuesta abarca la totalidad de los programas administrados o respaldados por los centros educativos, incluyendo admisiones, políticas de enseñanza, concesión de becas, préstamos y actividades deportivas. La regulación aplicará a cualquier mecanismo que contemple la raza, el color o el origen nacional para cualquier propósito, inhabilitando explícitamente los programas diseñados para compensar sesgos raciales del pasado. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ratificó que renombrar el sesgo racial bajo etiquetas de equidad o inclusión no altera su carácter discriminatorio.
Según las proyecciones del Departamento del Tesoro, las nuevas directrices podrían incidir sobre unas 18.000 instituciones educativas de todos los niveles en el país. Asimismo, la medida podría impactar a cerca de 750.000 estudiantes al restringir la elegibilidad en esquemas de financiamiento condicionados por criterios de raza. La Casa Blanca aclaró que las normas no interferirán con las misiones ni los planes de estudio de carácter religioso, permitiendo a dichas escuelas mantener sus criterios de selección basados en la afiliación de fe.
El Ejecutivo federal enfatizó que la restricción no impedirá a las instituciones brindar asistencia económica a estudiantes en situación de vulnerabilidad, siempre que se empleen parámetros totalmente neutrales respecto a la raza. Las escuelas podrán mantener ayudas financieras basadas en el nivel de ingresos familiares, la ubicación geográfica de origen o la condición de ser el primer integrante del núcleo familiar en acceder a la educación universitaria, garantizando la asistencia sin recurrir a cuotas o preferencias de carácter racial.
El anuncio (que entra ahora en un período de consulta pública) ha generado una inmediata reacción de agrupaciones académicas como la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios (AAUP), la cual adelantó que evalúa acciones judiciales contra la regulación. Pese a las objeciones de los sectores de oposición, la Casa Blanca reafirma su determinación de dar cumplimiento estricto a los fallos de la Corte Suprema y erradicar los privilegios raciales para consolidar un sistema educativo basado exclusivamente en el mérito individual y la igualdad ante la ley.
(Con información de Fox News y Reuters)
