Un memorando secreto elaborado por la Oficina de Asesoría Legal (OLC) del Departamento de Justicia de Estados Unidos, fechado el 23 de diciembre de 2025, sirvió de fundamento jurídico para que el presidente Donald Trump autorizara la operación militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro en Caracas el 3 de enero de 2026.
El documento, dirigido al Consejo de Seguridad Nacional (NSC), concluyó que el presidente disponía de autoridad constitucional suficiente para ordenar una intervención militar limitada con el único propósito de detener y trasladar a Maduro a territorio estadounidense para enfrentar cargos por narcoterrorismo, sin que ello equivaliera a una “guerra” que requiriera aprobación previa del Congreso.
Principales argumentos del memorando
1. No se trataba de una invasión ni de una campaña bélica
La OLC distinguió claramente la operación como una acción puntual de aplicación de la ley (law enforcement) respaldada por fuerzas militares, y no como una guerra o una ocupación prolongada. Por tanto, no superaba el umbral constitucional que obliga a solicitar autorización legislativa bajo la War Powers Resolution.
2. Autoridad presidencial bajo el artículo II
El presidente puede ordenar el uso restringido de la fuerza cuando determine que existe una amenaza grave y directa a los intereses nacionales de Estados Unidos. En este caso, la acusación formal contra Maduro por narcotráfico, nexos con grupos armados extranjeros (FARC, Hezbollah) y su rol en la desestabilización regional justificaban la decisión ejecutiva.
3. Rendición extraordinaria y principio Ker-Frisbie
El memorando descartó la necesidad de un proceso de extradición formal. En su lugar, avaló la figura de rendición extraordinaria (extraordinary rendition), permitiendo el traslado forzoso de una persona acusada sin intervención judicial del país de origen.
Además invocó el principio Ker-Frisbie, doctrina consolidada por la Corte Suprema que habilita el juzgamiento en tribunales estadounidenses de individuos capturados por la fuerza en el extranjero, siempre que no exista tratado bilateral que lo prohíba expresamente.
4. Proporcionalidad y límites operativos
El documento insistió en que la operación debía cumplir estrictos criterios de proporcionalidad y necesidad:
• Focalizarse exclusivamente en la captura y extracción de Maduro (y eventualmente Cilia Flores).
• Evitar la ocupación de territorio, el derrocamiento del gobierno o la permanencia de tropas.
• Minimizar bajas civiles y daños colaterales.
5. Riesgos reconocidos
Aunque avaló la legalidad, el análisis enumeró riesgos significativos:
• Posible escalada militar y represalias por parte de aliados de Maduro (Cuba, Rusia, Irán).
• Reacción de las Fuerzas Armadas venezolanas.
• Consecuencias diplomáticas y políticas negativas en la región.
• Incertidumbre sobre la legitimidad internacional de la acción.
El plan operativo considerado
Según el memorando, el operativo contemplaba un asalto con fuerzas especiales en Fuerte Tiuna (complejo militar en Caracas donde Maduro se resguardaba habitualmente), con apoyo de helicópteros, cobertura aérea limitada y sabotaje eléctrico para reducir la capacidad de respuesta defensiva. El objetivo era lograr la sorpresa, minimizar bajas y completar la extracción en el menor tiempo posible.
Conclusión del Departamento de Justicia
La OLC determinó que, siempre que la operación se mantuviera dentro de los límites descritos —sin expandirse a una guerra ni a una intervención prolongada—, el presidente contaba con autoridad constitucional plena para ordenarla sin necesidad de autorización congresional previa.
El documento enfatiza que su análisis es estrictamente jurídico y no evalúa aspectos de política exterior, estabilidad regional ni consecuencias a largo plazo. La principal protección penal para los militares y agentes estadounidenses involucrados radica en que el tratado bilateral vigente entre EE.UU. y Venezuela no obliga a la extradición de ciudadanos estadounidenses, lo que reduce el riesgo de consecuencias legales inmediatas.
Este memorando confidencial revela que la captura de Nicolás Maduro no fue una acción improvisada, sino el resultado de una cuidadosa evaluación legal que buscó blindar la decisión presidencial frente a posibles cuestionamientos constitucionales o internacionales. La operación, ejecutada con éxito, marcó un precedente de enorme trascendencia en la aplicación extraterritorial de la justicia estadounidense contra líderes extranjeros acusados de narcoterrorismo.
