En un operativo táctico ejecutado al amanecer, decenas de agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) irrumpieron en una mansión valorada en 35 millones de dólares en la exclusiva zona costera de Newport Beach, en el sur de California. El despliegue concluyó con el arresto de Jamshid Ghomi, un magnate tecnológico de 63 años con doble nacionalidad iraní y estadounidense.
Las autoridades federales lo acusan formalmente de liderar una compleja red de contrabando internacional encargada de suministrar equipamiento informático, de encriptación y de seguridad avanzada de origen estadounidense destinados a los sensibles programas militares y de desarrollo nuclear de la dictadura de Irán.
El fiscal federal principal adjunto, Bill Essayli, informó que Ghomi enfrenta cargos criminales por conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), un delito federal por el cual la fiscalía solicitará una pena severa de prisión y la confiscación total de sus bienes, incluyendo la propiedad de estilo italiano donde residía.
El operativo, presenciado de primera mano por medios de comunicación como el California Post, requirió el uso de herramientas de asalto para ingresar a la finca fortificada de 14.000 pies cuadrados. Mientras un intérprete realizaba los primeros interrogatorios en el lugar, los agentes federales procedieron a incautar decenas de cajas con evidencia digital y documental antes de trasladar al sospechoso en un vehículo oficial hacia el tribunal federal de Santa Ana.

Una sofisticada red de triangulación comercial para burlar a Washington
La investigación criminal, coordinada conjuntamente por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento de Comercio, desveló que Ghomi utilizó durante más de una década a una empresa de redes informáticas con sede en Teherán que él mismo fundó, llamada Faraz Pardaz Rayaneh (FPR). A través de esta compañía, el empresario articuló la adquisición ilícita de equipos tecnológicos controlados por el gobierno de los Estados Unidos sin poseer ningún tipo de licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Entre los años 2014 y 2018, la red criminal logró camuflar y contrabandear más de 250 toneladas métricas de hardware de red restringido utilizando agentes de carga e intermediarios financieros establecidos en Dubái y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) para ocultar que el destino final de las mercancías era Irán.
El modus operandi del millonario incluía la compra directa de los suministros tecnológicos a proveedores de los estados de Minnesota y Nebraska, triangulando los despachos a través de empresas fachadas árabes.
Los fiscales demostraron que Ghomi mantenía un control minucioso de las operaciones ilegales, instruyendo de forma estricta a sus cómplices en el extranjero para que borraran su nombre de los documentos de embarque, omitieran las facturas originales en los cargamentos con rumbo a Irán y escondieran los equipos informáticos norteamericanos dentro de contenedores de mercancías comunes más grandes.
En las comunicaciones electrónicas internas interceptadas por el FBI, Ghomi y sus operadores utilizaban la palabra clave "Madre Patria" para referirse confidencialmente al régimen iraní.

Tecnología de punta al servicio del desarrollo atómico y de defensa de Teherán
De acuerdo con los registros judiciales de la fiscalía estadounidense, la empresa de Ghomi en Teherán llegó a percibir ingresos brutos anuales que superaban los 10 millones de dólares, contando con una cartera de clientes que abarcaba a cientos de corporaciones privadas y entidades gubernamentales iraníes sujetas a bloqueos internacionales.
Si bien gran parte del negocio nutría al mercado comercial, una fracción sumamente significativa del hardware y los sistemas de seguridad informática suministrados por el acusado fue a parar de forma directa al corazón del aparato nuclear y logístico del régimen de los ayatolás.
Entre 2017 y 2023, la firma FPR proveyó de manera constante equipos informáticos estadounidenses a la Organización de la Energía Atómica de Irán (AEOI), la institución estatal responsable de la investigación de armas atómicas, el desarrollo de centrífugas y el enriquecimiento de uranio, sancionada por el Departamento de Estado desde 2020 por violar sus compromisos internacionales.
La declaración jurada federal detalla que el propio magnate firmó contratos comerciales para convertirse en proveedor oficial de este programa nuclear. De igual forma, entre 2014 y 2022, el holding tecnológico del detenido equipó al Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas de Irán con dispositivos de encriptación y seguridad para sus complejos de desarrollo de armamento y electrónica militar.

Lavado de millones y un descarado fraude fiscal ante el IRS
El empresario depositaba los fondos generados por las ventas militares en cuentas de bancos iraníes sancionados y, posteriormente, transfería el dinero a cuentas personales en Estados Unidos mediante transferencias electrónicas fraccionadas provenientes de casas de cambio y compañías comerciales ubicadas en Hong Kong, Turquía y las Islas Vírgenes Británicas. Estas transferencias internacionales llevaban descripciones falsas como "pago de consultorías" o "compra de bienes" para burlar los controles del sistema bancario local.
Bajo este esquema de triangulación financiera, Ghomi movilizó más de 15 millones de dólares desde Irán hacia el territorio estadounidense entre los años 2011 y 2024. Sin embargo, al momento de rendir cuentas ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS), el magnate informaba al fisco que los millonarios capitales correspondían a una supuesta "herencia extranjera" exenta de cargas.
En sus declaraciones federales de impuestos, el acusado aseguraba no percibir ingresos y reportaba una entrada anual máxima de apenas 20.684 dólares, llegando al extremo de solicitar y cobrar de manera fraudulenta el Crédito por Ingreso del Trabajo (un subsidio federal destinado exclusivamente a asistir económicamente a familias de bajos ingresos) en siete oportunidades.

La opulencia de Newport Beach construida con el dinero del terrorismo
Mientras el magnate declaraba la indigencia ante el fisco para recibir subsidios estatales, utilizaba el flujo de millones provenientes de las transacciones con los ministerios militares iraníes para financiar la edificación de su majestuosa residencia en Newport Coast.
Los expedientes de propiedad demuestran que Ghomi adquirió un lote baldío en marzo de 2010 por una suma de 4,49 millones de dólares y desembolsó más de 10,49 millones de dólares entre 2010 y 2013 para la edificación de la lujosa estructura de estilo italiano que hoy corona un acantilado exclusivo con vistas panorámicas hacia el Océano Pacífico. Desde el exterior, verjas de hierro protegen el ornamentado recinto de la propiedad que cuenta con lujosos candelabros y fuentes pavimentadas con azulejos a medida.
El fiscal Essayli y los agentes especiales del IRS remarcaron que el arresto de este ciudadano con doble nacionalidad representa un hito en la estrategia de la Casa Blanca para desarticular las cadenas clandestinas de adquisición de tecnología estadounidense por parte de potencias extranjeras adversarias.
Los investigadores subrayaron que las leyes que prohíben estrictamente entablar relaciones comerciales con uno de los mayores patrocinadores estatales del terrorismo internacional se harán cumplir con rigor, especialmente en el contexto de las actuales tensiones globales. De ser hallado culpable en el juicio federal que ahora se inicia en California, Jamshid Ghomi podría enfrentar una condena máxima de hasta 20 años de prisión en una penitenciaría federal.
(Con información del Departamento de Justicia de EE. UU. y el New York Post)