El canciller de Austria, Christian Stocker, del conservador Partido Popular Austriaco (ÖVP), anunció la puesta en marcha de una iniciativa legislativa para elevar a rango constitucional la prohibición del islam político. La medida, redactada por el Ministerio de Integración, busca neutralizar la influencia de mezquitas y organizaciones radicales que instrumentalicen la fe con fines ideológicos contrarios a la sociedad abierta.
"Defendemos la libertad religiosa: cada uno puede creer lo que quiera y vivir su fe. Pero cuando la religión se utiliza políticamente, debemos oponernos a ella con todas nuestras fuerzas", enfatizó el mandatario austríaco.
La propuesta del Ejecutivo responde a una estrategia integral orientada a proteger el Estado de derecho. A juicio de la administración austriaca, la interferencia política de movimientos religiosos radicales resulta incompatible con los principios constitucionales del país.
"Si el islam se entiende políticamente, es incompatible con nuestra democracia y nuestros valores occidentales", subrayó Stocker, añadiendo que la iniciativa incluirá un paquete normativo complementario en materia de igualdad, la prohibición del velo en centros educativos y la reorientación del gasto público hacia programas efectivos de integración.
En el marco de este repliegue la ministra de Integración, Claudia Bauer, calificó al islam político como el "mayor peligro de nuestro tiempo" al señalar que sus promotores buscan situarse por encima del marco legal soberano. Como primera acción concreta, el Gobierno de Viena oficializó el fin de su colaboración con el Centro de Desradicalización Derad, luego de que informes de inteligencia elaborados por la Oficina para la Protección de la Constitución detectaran vínculos de algunos miembros con la ideología de la Hermandad Musulmana.
La iniciativa impulsada por el ÖVP abre el camino para consolidar un consenso legislativo con sus socios de gobierno y sectores de la oposición. Desde el partido liberal Neos, el vocero Yannick Shetty expresó su disposición a apoyar el texto siempre que cuente con una "definición legal clara" que garantice su estricta viabilidad jurídica.
La Oficina para la Protección de la Constitución ha respaldado la necesidad de articular herramientas legales rigurosas para salvaguardar el orden democrático liberal ante ideologías totalitarias. La directora del organismo, Sylvia Mayer, destacó que la contención del extremismo debe aplicarse de manera coordinada en distintos niveles institucionales, sentando las bases para que el paquete de reformas en derecho asociativo y religioso ingrese próximamente al debate en la sede parlamentaria.
(Con información de La Gaceta de la Iberosfera y ABC)
