En una reacción institucional frente al siniestro ferroviario registrado en Urda (Toledo) (que dejó 69 personas fallecidas y decenas de heridos), el Partido Popular anunció este domingo que se personará como parte en la causa penal abierta por la justicia, con el objetivo de garantizar una investigación exhaustiva y evitar que el Ejecutivo eluda responsabilidades políticas y administrativas.
La vicesecretaria de Coordinación Sectorial de la formación conservadora, Alma Ezcurra, afirmó que el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo llega hasta el final en este proceso judicial por respeto a las víctimas y a las familias que sufren el desamparo institucional. Ezcurra sostuvo que la tragedia ocurrida el pasado 28 de octubre no puede calificarse de un mero percance aislado, atribuyéndola a "años de mala gestión, de advertencias desoídas y de decisiones equivocadas" dentro del Ministerio de Transportes y los organismos de infraestructura ferroviaria.
El siniestro en Urda reabre las alarmas sobre la degradación de las infraestructuras públicas del país, registrándose en un intervalo de diez meses dos catástrofes de gran magnitud (tras el accidente de Adamuz) en las que han perdido la vida más de cien ciudadanos, incluida la exministra del Partido Popular Fátima Báñez. Desde el PP censuraron la actuación del Ejecutivo de Pedro Sánchez por intentar trasladar responsabilidades a los trabajadores mediante filtraciones de audios, recordando que la función central de los sistemas automáticos de seguridad es prevenir el fallo humano.
Investigación judicial urgente y fallos en la red de transportes
En el plano judicial, la jueza a cargo de las diligencias exigió a las autoridades la dotación inmediata de medios técnicos y forenses para agilizar las labores en la zona cero. Los equipos de la Guardia Civil y peritos del Tribunal Superior de Justicia avanzan en el análisis de las cajas negras y las comunicaciones entre el centro de control de Adif y los trenes involucrados, mientras Renfe ha tenido que admitir la necesidad de revisar de forma urgente sus protocolos internos de seguridad y respuesta.
Hasta la fecha, los institutos de medicina legal han logrado la identificación de 56 de los 69 fallecidos, manteniéndose 31 personas hospitalizadas, de las cuales 13 permanecen en unidades de cuidados intensivos. Sectores de la oposición y acusaciones populares exigen que se preserven intactas las pruebas materiales en las vías para evitar la alteración de indicios como ocurrió en investigaciones previas.
La catástrofe de Urda pone de manifiesto la urgencia de devolver el rigor técnico, la transparencia presupuestaria y la idoneidad profesional a la administración de las infraestructuras del Estado. La priorización del gasto político sobre el mantenimiento de las redes esenciales de transporte compromete la seguridad nacional y la confianza ciudadana en las instituciones de la nación.
(Con información de El Mundo)
