El Gobierno de Italia, encabezado por la primera ministra Giorgia Meloni, aprobó un paquete extraordinario de 540 millones de euros en ayudas destinadas a frenar la huelga del transporte por el alza de los combustibles. La medida, acordada en el Consejo de Ministros, busca aliviar la presión económica sobre transportistas, agricultores y pescadores mediante la liberación anticipada de créditos tributarios por el gasóleo y la compensación de costos operativos atrasados.
Pese al anuncio oficial del Ejecutivo de centroderecha, persistieron los bloqueos de carreteras en regiones del sur como Campania y Calabria, donde la escasez de infraestructuras ferroviarias agravó la situación. Las interrupciones en las arterias viales provocaron episodios de desabastecimiento de alimentos frescos en supermercados de Nápoles y afectaron el suministro de carburante en al menos cinco aeropuertos del país.
Recursos directos y el "método español" para respaldar al sector
El plan presentado por la administración de Meloni destina 434 millones de euros a pagos atrasados del transporte, sumados a 106 millones adicionales y 60 millones para reducir en 45 céntimos por litro el gasóleo agrícola. El viceministro de Infraestructuras y Transportes, Edoardo Rixi, explicó que se adoptará el denominado "método español", mecanismo que autoriza a las empresas a incorporar la variación del precio del diésel en la factura final para redistribuir la carga con los contratantes.
Meloni enfatizó que estos recursos ya están llegando al sector productivo sin burocracia previa, señalando que las verificaciones técnicas de los expedientes se realizarán de manera posterior. La iniciativa complementa la sólida agenda de responsabilidad fiscal e incentivos a la iniciativa privada promovida por la coalición gobernante para resguardar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas ante las crisis energéticas globales.
Firmeza institucional ante la intimidación y los cortes ilegales
La primera ministra italiana condenó enérgicamente los piquetes que agredieron a trabajadores independientes, pinchando neumáticos y coaccionando a conductores que intentaban operar con normalidad. "Esto no es una protesta, es intimidación", denunció Meloni en un mensaje institucional, subrayando que su gabinete no tolerará agresiones contra la libertad de trabajo y la propiedad privada.
El Gobierno italiano advirtió que aplicará estrictamente el decreto de seguridad vigente, legislación que tipifica el bloqueo de vías públicas como un delito penal. Mientras el ministro de Agricultura, Francesco Lollobrigida, calificó los cortes de "injustificados" por las severas pérdidas causadas a los productores del sur, las autoridades mantuvieron desplegadas a las fuerzas del orden para restablecer el libre tránsito y proteger las cadenas de suministro.
(Con información de Infobae)
