El presidente José Antonio Kast ha reafirmado su intención de utilizar toda la estructura del Estado para localizar y expulsar a los extranjeros en situación irregular. La nueva indicación legal, que presiona a hospitales y escuelas a reportar datos de contacto de adultos indocumentados, se presenta como una herramienta fundamental para dar con el paradero de quienes eluden la justicia migratoria.
Kast ha defendido la medida como un acto de justicia hacia los ciudadanos chilenos, argumentando que el orden en los servicios públicos es esencial para que los recursos lleguen a quienes corresponden legalmente.
"La única manera de ordenar es saber quiénes utilizan los distintos servicios públicos; tenemos que dar una señal clara", afirmó el mandatario desde Atacama.
Desde su llegada a La Moneda en marzo, la administración derechista ha pasado de las palabras a la acción. En apenas dos meses, el Gobierno ha concretado la expulsión de 334 personas mediante vuelos masivos coordinados con la Fuerza Aérea, retomando incluso las deportaciones hacia destinos complejos como Haití.
Este "plan de expulsiones" se complementa con el avance de 10 kilómetros de la zanja en la frontera norte, una obra que Kast considera un "cerrojo" necesario para detener el flujo incesante por pasos no habilitados, el cual ya ha mostrado una disminución significativa según cifras del Servicio Nacional de Migraciones.
Para el equipo de Kast, la prioridad es proteger la seguridad nacional y la integridad de las fronteras. En este sentido, el Ministerio del Interior ha intensificado los operativos de fiscalización en mercados, construcciones y zonas de alta afluencia, logrando detectar y procesar a miles de personas que se encontraban al margen de la ley.
Un punto clave de la estrategia gubernamental es el fomento de las salidas voluntarias, que ya superan las 1.800 personas, principalmente venezolanos. Al no existir relaciones consulares fluidas con Caracas, el Gobierno ha optado por facilitar que aquellos que deseen retornar a su país lo hagan de forma asistida, evitando así los bloqueos diplomáticos que impiden las deportaciones forzosas.
Fuentes: El País, EFE.
